Reglas Antilavado 2026: qué cambia y cuándo debes cumplir

Las Reglas Antilavado 2026 ya tienen un calendario definido. El 7 de agosto de 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó el Acuerdo 115/2026, que modifica las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI y desarrolla nuevas obligaciones para quienes realizan Actividades Vulnerables.

El Acuerdo entra en vigor de manera general el 30 de noviembre de 2026, pero varias obligaciones comienzan después, principalmente durante 2027 y 2028. Por eso, empresas, contadores y responsables de cumplimiento deben identificar qué preparar desde ahora y qué fecha corresponde a cada obligación.

¿Qué publicó Hacienda el 7 de agosto de 2026?

El Acuerdo 115/2026 modifica, adiciona y deroga numerosas disposiciones de las Reglas de Carácter General de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Entre los cambios más relevantes aparecen nuevos capítulos sobre enfoque basado en riesgos, clasificación de clientes, conocimiento del cliente, Personas Políticamente Expuestas, beneficiario controlador, Manual de Políticas Internas, capacitación, mecanismos automatizados y auditoría.

El nuevo modelo exige explicar cómo se identifican los riesgos, qué controles se utilizan y qué evidencia respalda su aplicación.

¿Cuándo entran en vigor las Reglas Antilavado 2026?

El artículo Primero Transitorio establece que el Acuerdo entra en vigor el 30 de noviembre de 2026, salvo las excepciones previstas en los demás transitorios.

Fecha o periodoObligación o cambio relevante
30 de noviembre de 2026Entrada en vigor general del Acuerdo 115/2026.
1 de marzo de 2027Evaluación con enfoque basado en riesgos disponible ante requerimiento; nuevas reglas sobre clasificación, conocimiento del cliente y beneficiario controlador.
Durante 2027Primer periodo anual de capacitación obligatoria.
1 de junio de 2027Fecha límite para contar con mecanismos automatizados.
Durante 2028Primer periodo anual de revisión de auditoría.

Ciertos avisos nuevos dependerán además de la resolución que modifique los formatos oficiales. No conviene asumir que todos los cambios operativos comienzan el mismo día.

¿Qué cambia con las Reglas Antilavado 2026?

Las Reglas Antilavado 2026 llevan el cumplimiento hacia un modelo más estructurado. Entre los cambios con mayor impacto destacan:

  • diseñar una metodología para identificar, analizar, medir y mitigar riesgos;
  • clasificar a los clientes o usuarios según su grado de riesgo;
  • definir políticas de conocimiento del cliente y perfil transaccional;
  • fortalecer la identificación del beneficiario controlador y el tratamiento de Personas Políticamente Expuestas;
  • incorporar los procedimientos al Manual de Políticas Internas;
  • implementar capacitación, mecanismos automatizados y auditoría.

El efecto práctico es claro: ya no bastará con tener expedientes y presentar avisos de forma aislada. Los procesos deberán estar conectados y responder al riesgo de cada actividad, cliente y operación.

El enfoque basado en riesgos cambia la forma de cumplir

Quienes realizan Actividades Vulnerables deberán diseñar una metodología que considere, al menos, actos u operaciones, tipos de clientes o usuarios, países o áreas geográficas, transacciones y canales utilizados.

Esa metodología deberá permitir identificar, analizar, entender, medir y mitigar riesgos, y quedar documentada en el Manual de Políticas Internas o en otro documento aplicable.

Para quienes ya se encuentran registrados y hayan agotado el plazo correspondiente para contar con su Manual, la metodología deberá incorporarse a partir del 1 de marzo de 2027. La evaluación que pueda requerir la autoridad deberá considerar, en principio, información del año inmediato anterior.

Los clientes deberán clasificarse por grado de riesgo

Las Reglas Antilavado 2026 exigen clasificar individualmente a los clientes o usuarios. Como mínimo deberán existir tres niveles: riesgo bajo, medio y alto.

El grado de riesgo deberá evaluarse al menos cada seis meses, con mayor frecuencia cuando el riesgo sea mayor. Esto obliga a mantener actualizada la información del cliente y relacionarla con su comportamiento transaccional.

También existen medidas específicas para Personas Políticamente Expuestas. Entre otros supuestos, las Personas Políticamente Expuestas extranjeras deberán considerarse de riesgo alto.

Beneficiario controlador, manual y evidencia documental

Para personas morales, la identificación del beneficiario controlador comienza por la persona física o grupo que posea, directa o indirectamente, 25 % o más del capital social. Si ese criterio no permite identificarlo, debe revisarse quién ejerce el control por otros medios y, en última instancia, quién ocupa la posición administrativa de mayor grado.

La empresa deberá documentar el procedimiento y conservar la información que lo respalde. El Manual de Políticas Internas tendrá que integrar la metodología de riesgos y los procedimientos aplicables.

Mecanismos automatizados y auditoría: dos fechas clave

Quienes realizan Actividades Vulnerables deberán contar con mecanismos automatizados a más tardar el 1 de junio de 2027. Estos deberán apoyar el manejo de expedientes, la agrupación de operaciones por cliente, el seguimiento del perfil transaccional y la metodología de riesgos.

Estos mecanismos pueden incluir sistemas especializados, bases de datos o procesos automatizados apoyados en hojas de cálculo, siempre que cumplan las funciones requeridas y sean verificables.

El primer periodo anual de auditoría comprenderá del 1 de enero al 31 de diciembre de 2028 y deberá evaluar la efectividad del cumplimiento de la Ley, su Reglamento y las reglas.

¿Qué conviene preparar desde ahora?

Esperar hasta la fecha límite puede complicar la implementación. Una revisión preventiva puede comenzar con cinco acciones:

  1. Confirmar qué Actividades Vulnerables realiza la empresa.
  2. Revisar la información disponible de clientes, operaciones y beneficiarios controladores.
  3. Comparar el Manual de Políticas Internas actual con las nuevas obligaciones.
  4. Identificar la información necesaria para construir la metodología y clasificar riesgos.
  5. Revisar si los sistemas actuales pueden conservar, relacionar y monitorear la información requerida.

Las Reglas Antilavado 2026 no obligan a resolver todo en agosto, pero sí hacen recomendable documentar brechas y responsables desde ahora. El tiempo previo a marzo y junio de 2027 puede aprovecharse para probar procesos y corregir inconsistencias.

Conclusión

El Acuerdo 115/2026 marca una nueva etapa para quienes realizan Actividades Vulnerables. El cambio principal no está en una sola fecha ni en un nuevo formato: está en demostrar que el cumplimiento responde a una metodología, a un nivel de riesgo y a controles verificables.

La mejor estrategia es trabajar por etapas: entender qué obligaciones aplican, ordenar información y procesos, y llegar a 2027 con el Manual, la evaluación de riesgos, la clasificación de clientes y los sistemas preparados.

Ver más sobre la Ley Antilavado

Si quieres profundizar en otras obligaciones relacionadas, en nuestro blog tenemos una serie de artículos que complementan esta actualización:

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Ley Antilavado 2026: ¿Qué deben revisar empresas y contadores?

La reforma reciente a la normativa antilavado obliga a muchas empresas a mirar con más cuidado sus operaciones, no solo sus impuestos. La Ley Antilavado 2026 debe revisarse como parte del control interno, porque afecta expedientes, identificación de clientes, avisos, umbrales y evidencia documental.

Este artículo abre nuestro especial sobre Ley Antilavado. La intención es explicar, con lenguaje práctico, qué deben revisar contadores, administradores y responsables de cumplimiento antes de que llegue un requerimiento de la autoridad.

¿Por qué vuelve a ser relevante la Ley Antilavado?

La LFPIORPI no es nueva, pero sus reformas recientes reforzaron conceptos, obligaciones y controles. El punto central es prevenir que ciertas operaciones económicas sean usadas para mover recursos de procedencia ilícita.

Para una empresa, el riesgo no siempre está en realizar una actividad prohibida. Muchas veces el problema nace por no identificar correctamente al cliente, no conservar documentos, presentar avisos tarde o no tener claridad sobre los umbrales aplicables.

¿Qué son las actividades vulnerables?

La ley considera actividades vulnerables ciertas operaciones que, por su naturaleza o monto, requieren identificación del cliente y, en algunos casos, presentación de avisos. Entre ellas pueden estar inmuebles, préstamos, vehículos, donativos, servicios profesionales, activos virtuales y arrendamiento, según el supuesto aplicable.

Por eso no basta con preguntar “¿mi empresa lava dinero?”. La pregunta correcta es: ¿realizo alguna operación que la ley considera vulnerable? Para responder, conviene revisar el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, el marco jurídico de la LFPIORPI y los umbrales de identificación y aviso.

¿Qué obligaciones conviene revisar primero?

El primer filtro es confirmar si existe obligación de alta o registro. Después se debe revisar si la empresa identifica al cliente, conoce su actividad, documenta al beneficiario controlador y conserva el expediente durante el plazo legal.

También es importante validar si hay operaciones acumuladas que alcancen umbrales de aviso. Este punto será tratado en otro artículo del especial, porque puede generar errores cuando se piensa que siempre debe esperarse hasta completar seis meses.

¿Dónde suele fallar el cumplimiento?

Los errores más frecuentes no siempre son espectaculares. A veces se trata de expedientes incompletos, contratos sin soporte, identificaciones vencidas, CFDI dispersos, pagos sin relación documental o avisos presentados fuera de tiempo.

Aquí vale la pena conectar este tema con una cultura preventiva más amplia. En nuestro blog ya hablamos del Manual de Cumplimiento Tributario 2026 y del Plan de cumplimiento tributario, dos contenidos que ayudan a ordenar controles, evidencias y responsabilidades internas.

Cuando el soporte fiscal también forma parte del expediente, Descargar CFDI puede ayudar a obtener XML emitidos y recibidos directamente del SAT y convertir la información a Excel para revisar comprobantes, pagos, impuestos y documentos relacionados.

Conclusión fiscal

La Ley Antilavado no debe verse como un trámite aislado ni como un tema exclusivo de abogados. Para muchas empresas, el cumplimiento depende de que contabilidad, administración, ventas y dirección trabajen con expedientes completos y criterios claros.

El primer paso es identificar si existe una actividad vulnerable. El segundo es revisar umbrales, avisos y documentación. El tercero es sostener todo con evidencia ordenada, actualizada y fácil de localizar.

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Este artículo forma parte de nuestro especial sobre Ley Antilavado, una serie de cinco publicaciones donde explicamos el tema desde una visión práctica para empresas, contadores y responsables administrativos.

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Acumulación de operaciones: el aviso no siempre espera seis meses

La acumulación de operaciones es uno de los puntos que más confusión genera en la Ley Antilavado. El error común es pensar que siempre debe esperarse a que pasen seis meses para presentar un aviso, cuando el análisis debe hacerse desde el momento en que las operaciones alcanzan el umbral aplicable.

Este es el tercer artículo de nuestro especial. Ahora toca resolver una duda práctica: cuándo se presenta el aviso cuando varias operaciones se suman con el mismo cliente o usuario.

¿Qué significa acumular operaciones?

Acumular operaciones significa revisar varios actos u operaciones realizados con una misma persona cliente o usuaria, por el mismo tipo de operación, para determinar si en conjunto alcanzan el monto que obliga a presentar aviso.

No se trata de sumar todo sin criterio. La revisión debe considerar la actividad vulnerable, el tipo de operación, el cliente o usuario y los montos que correspondan conforme al artículo 17 de la LFPIORPI.

¿El plazo de seis meses es una espera obligatoria?

No. Este punto es clave. El Reglamento establece que la acumulación debe considerar un periodo de hasta seis meses, pero también aclara que el aviso debe presentarse cuando se realiza la última operación con la que se alcanza o supera el umbral, aun si no se agotó ese periodo.

En otras palabras: los seis meses funcionan como una ventana máxima de revisión, no como autorización para esperar. Si el umbral se alcanza en el segundo o tercer mes, ahí nace la obligación de presentar el aviso.

Un ejemplo práctico para entenderlo

Pensemos en una operación recurrente con el mismo cliente. Si cada mes se celebra un acto que requiere identificación y al acumularse alcanza el umbral de aviso antes de completar seis meses, la empresa no debería esperar hasta el final del semestre.

El aviso debe prepararse con base en la operación que provoca que se alcance o supere el umbral. La información reportada debe coincidir con contratos, pagos, CFDI y documentos que expliquen la operación.

¿Qué pasa después de alcanzar el umbral?

La LFPIORPI señala que los avisos se presentan, en términos generales, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquel en que se llevó a cabo la operación que dio origen al aviso.

Por eso es riesgoso revisar acumulaciones hasta el cierre del semestre. Una empresa podría detectar tarde que el aviso ya debió presentarse, o enviar montos que no corresponden al momento en que nació la obligación.

¿Cómo prevenir errores?

Lo ideal es llevar un control mensual por cliente, tipo de actividad vulnerable y monto acumulado. También conviene documentar por qué una operación fue identificada, por qué no generó aviso o en qué fecha alcanzó el umbral.

Para ordenar esa evidencia, también te recomendamos leer Repositorio de evidencias fiscales, donde explicamos cómo relacionar XML, pagos, contratos y documentos de soporte.

Si el análisis requiere revisar comprobantes fiscales, Descargar CFDI puede apoyar al obtener XML emitidos y recibidos directamente del SAT y convertirlos a Excel para facilitar cruces de información.

Conclusión fiscal

La acumulación de operaciones no debe manejarse con memoria, intuición o revisiones tardías. El control debe permitir detectar oportunamente cuándo una serie de operaciones deja de ser solo identificable y se convierte en aviso.

El cambio importante es entender que el plazo de seis meses no siempre se agota. La obligación puede nacer antes, y la empresa debe estar lista.

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Ley Antilavado: cumplir ya no basta, ahora hay que demostrarlo

La Ley Antilavado ya no puede verse como una obligación que se resuelve enviando un aviso. Hoy, para muchas empresas, el verdadero reto está en demostrar que cada operación fue revisada, documentada y atendida con controles claros.

Este artículo cierra nuestro especial con una idea central: cumplir ya no basta si la empresa no puede explicarlo con evidencia. La prevención antilavado exige menos improvisación y más orden interno.

El aviso no cuenta toda la historia

Presentar avisos es importante, pero no representa todo el cumplimiento. Detrás de cada operación debe existir información que permita entender quién participó, qué se hizo, por qué monto, cuándo ocurrió y con qué documentos se respalda.

Ahí es donde muchas empresas se debilitan. Cumplen con una parte del trámite, pero no siempre tienen un expediente capaz de sostener la operación ante una revisión.

El cumplimiento se volvió un proceso, no un evento

La normativa antilavado obliga a mirar las actividades vulnerables con más método. No basta con revisar montos al final del mes ni con depender de la memoria de una persona del área contable.

Debe existir una ruta clara para identificar operaciones, revisar umbrales, acumular montos, conservar documentos y asignar responsables. Cuando ese proceso no existe, cualquier revisión puede convertirse en una carrera contra el tiempo.

Lo que no está documentado queda débil

Cuando llega un requerimiento, la empresa no puede responder solo con explicaciones verbales. Necesita contratos, identificaciones, comprobantes fiscales, estados de cuenta, avisos, acuses y análisis internos que cuenten la misma historia.

Una operación puede ser correcta, pero verse mal si la evidencia está dispersa. También puede haberse presentado un aviso, pero quedar débil si no existe soporte suficiente para explicar cómo se tomó la decisión.

La tecnología ayuda cuando existe criterio

Las herramientas no sustituyen el análisis legal, fiscal o administrativo. Sin embargo, sí pueden ayudar a reducir errores operativos y a mantener la información mejor organizada.

Si parte del expediente depende de CFDI, XML, pagos o reportes, Descargar CFDI puede apoyar al obtener comprobantes emitidos y recibidos directamente del SAT y convertirlos a Excel para facilitar la revisión. La clave no está en usar una herramienta por usarla, sino en integrarla a un proceso de control real.

Lo que debería cambiar en las empresas

El enfoque debe pasar del “lo revisamos cuando sea necesario” al “lo documentamos desde el inicio”. Esa diferencia puede ser enorme cuando la autoridad solicita información.

Una empresa que identifica sus actividades vulnerables, revisa umbrales, conserva expedientes y mantiene evidencia ordenada está mejor preparada. No solo para evitar multas, sino para demostrar que sus operaciones tienen lógica, soporte y trazabilidad.

Conclusión fiscal

La Ley Antilavado exige más control y menos improvisación. El aviso es solo una parte del cumplimiento; detrás debe existir una operación documentada, revisada y entendible.

Nuestra recomendación final es sencilla: no esperes a una revisión para ordenar expedientes. Si la empresa realiza actividades vulnerables, conviene revisar procesos, responsables, documentos y evidencias desde ahora.

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El SAT orienta a donatarias sobre la prevención de lavado de dinero

Implementar estrategias eficaces de prevención de lavado de dinero es una prioridad para las organizaciones civiles. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició un programa de orientación para donatarias y organizaciones sin fines de lucro. Esta iniciativa busca fortalecer el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la procedencia de recursos.

Programa de orientación para actividades vulnerables

La autoridad fiscal puso en marcha sesiones de capacitación para personas físicas y morales que realizan actividades clasificadas como vulnerables. El programa aborda cada una de las 17 actividades contempladas en la ley mexicana. De esta forma, los sectores económicos reciben información específica para facilitar el cumplimiento de los requisitos normativos actuales.

Primera sesión dirigida a donatarias

La fase inicial del programa se enfocó en asociaciones que reciben donativos. El SAT destacó que estas organizaciones son sujetos obligados cuando las donaciones superan el equivalente a 1,605 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La sesión, realizada en la Ciudad de México y transmitida por YouTube, contó con la presencia de 250 representantes. Durante el evento, se resolvieron dudas sobre la identificación de donantes y la importancia de mantener registros transparentes para evitar riesgos legales.

Importancia del cumplimiento y transparencia

Las organizaciones que operan con donativos deben aplicar medidas estrictas de registro y, en su caso, presentar avisos ante las autoridades. El cumplimiento adecuado asegura la transparencia operativa y protege a la institución de posibles sanciones administrativas derivadas de una supervisión deficiente.

El enfoque preventivo del SAT busca que los contribuyentes comprendan sus responsabilidades y apliquen controles internos adecuados. Este acompañamiento institucional refleja un esfuerzo por alinear las prácticas nacionales con los estándares internacionales de combate a la delincuencia financiera.


Conclusión

Para las donatarias autorizadas, mantenerse informadas sobre estas disposiciones es la clave para garantizar la continuidad de sus operaciones. El programa de orientación del SAT representa una oportunidad valiosa para resolver dudas técnicas y fortalecer la integridad del sector no lucrativo en México.


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