El SAT ha revocado la autorización de cinco proveedores que se encargaban de timbrar facturas electrónicas, mientras que otros dos se encuentran bajo investigación. La noticia genera preocupación entre los contribuyentes, especialmente entre quienes utilizan sus servicios y necesitan seguir facturando sin interrupciones.
Pero ¿qué ocurrió realmente y qué consecuencias puede tener?
¿Qué ocurrió con los proveedores de facturación?
El 18 de octubre de 2026, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que una auditoría realizada por el Órgano Interno de Control en el SAT detectó irregularidades relacionadas con siete Proveedores Autorizados de Certificación (PAC).
Según el comunicado, estos proveedores realizaban operaciones con empresas conocidas como EFOS, es decir, aquellas que facturan operaciones simuladas.
Hasta ese momento, el SAT había revocado la autorización de cinco proveedores:
Facturadorelectronico.com (Dot Net Desarrollo de Sistemas).
DigiFact (Teledesic Broadband Networks).
FactureYa (Servicios Tecnológicos Avanzados en Facturación).
EdiFactMx (EDIFACTMX).
Comercio Digital (Sistemas de Comercio Digital).
Los otros dos proveedores continúan sujetos a procedimientos de revocación y sus nombres no fueron publicados.
Un dato que llama la atención
La Secretaría informó que estos siete proveedores, en conjunto, certificaban aproximadamente el 20.53 % de la facturación nacional.
Esto significa que participaban en el timbrado de una parte importante de las facturas electrónicas emitidas en México. Sin embargo, no significa que ese porcentaje de facturas sea falso o corresponda a operaciones simuladas.
Lo que resulta preocupante es que empresas encargadas de una actividad tan importante hayan sido señaladas por estas irregularidades.
También surgen algunas preguntas: ¿desde cuándo ocurría esta situación?, ¿cómo se supervisaba a estos proveedores?, ¿cuántos contribuyentes podrían resultar afectados?
El comunicado no responde estas preguntas, pero sería importante conocer las respuestas para dar mayor tranquilidad a quienes utilizan estos servicios.
¿Las facturas que ya emitiste siguen siendo válidas?
Esta es probablemente la principal preocupación de muchos contribuyentes.
La revocación de un PAC no significa que todas las facturas que timbró anteriormente pierdan su validez.
Si utilizabas alguno de estos proveedores, es recomendable revisar tus comprobantes y conservar los archivos XML correspondientes.
Para facilitar esta tarea, puedes utilizar nuestro Validador CFDI de Facturando, que permite verificar tus facturas electrónicas, identificar posibles errores y consultar si se encuentran registradas en el SAT, así como su estado actual.
Lo importante es distinguir entre la situación del proveedor y la validez de las operaciones realizadas por sus clientes.
¿Cuánto tiempo tienes para cambiar de PAC?
La regla 2.7.2.12 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026 contempla un periodo de transición de 90 días naturales, contado desde que surte efectos el oficio de revocación.
Pero existe una diferencia importante:
Primeros 30 días: el proveedor puede continuar timbrando para sus clientes existentes.
Siguientes 60 días: ya no puede certificar nuevas facturas y debe atender sus obligaciones pendientes.
Por eso, no conviene esperar hasta el último momento. Las fechas correspondientes deben confirmarse con cada proveedor.
¿Necesitas seguir timbrando tus facturas?
Si tu proveedor está entre los afectados, lo recomendable es revisar tu situación, respaldar tus comprobantes y preparar una alternativa que te permita continuar trabajando.
En Facturando ofrecemos nuestroServicio de Timbradoa través de ECODEX, el cual puedes integrar a tus sistemas utilizando diferentes formas: DLL, programas, etc.
Además, no cobramos cuota de integración ni anualidad y ofrecemos soporte técnico para ayudarte durante el proceso.
Si necesitas cambiar de proveedor, puedes conocer nuestro servicio y evaluar una alternativa antes de que tu operación se vea interrumpida.
Conclusión
La revocación de estos cinco PAC deja una pregunta importante: ¿qué tan efectiva es la supervisión de las empresas que certifican nuestras facturas?
Mientras la autoridad proporciona más información, lo mejor que pueden hacer los contribuyentes es verificar quién timbra sus CFDI, conservar sus comprobantes y contar con una alternativa de facturación.
Porque, al final, las empresas necesitan seguir facturando y cumpliendo con sus obligaciones, independientemente de los problemas que pueda enfrentar su proveedor.
¿Quieres mantenerte informado sobre los cambios del SAT y la facturación electrónica? Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde compartimos noticias, recomendaciones y contenido que te ayudará a estar al día con tus obligaciones fiscales.
El intercambio de datos entre el SAT y el IMSS podría fortalecerse para identificar remuneraciones laborales que no estén reflejadas correctamente en el salario base de cotización (SBC). Una iniciativa presentada el 5 de agosto de 2026 propone facilitar la revisión de pagos a trabajadores, incluso cuando se realizan mediante terceros.
Por ahora, no es una reforma vigente. Según el registro legislativo consultado al 16 de octubre de 2026, la propuesta continúa pendiente en comisiones. No hay nuevas obligaciones derivadas de esta iniciativa, pero las reglas actuales sobre el registro de salarios siguen siendo exigibles.
¿Qué propone cambiar la iniciativa?
La diputada Aremy Velazco Bautista planteó modificaciones a los artículos 15, 22, 27 y 251 de la Ley del Seguro Social, así como al artículo 63 del Código Fiscal de la Federación.
El objetivo es combatir la subdeclaración salarial cuando una parte de lo que recibe un trabajador se entrega por conducto de otra persona o empresa y no se considera correctamente al determinar las cuotas de seguridad social.
La propuesta se centra en tres aspectos:
Trazabilidad: facilitar la identificación de remuneraciones relacionadas con el trabajo, aunque las entregue un tercero.
Salario base de cotización: precisar el tratamiento de los pagos vinculados con la relación laboral.
Colaboración entre autoridades: impulsar herramientas tecnológicas para comparar información fiscal y de seguridad social.
¿Cómo sería el intercambio de datos entre SAT e IMSS?
El intercambio de datos se apoyaría en mecanismos automatizados que permitirían cotejar información disponible para ambas autoridades. Esto podría ayudar a detectar posibles diferencias entre las remuneraciones laborales y el salario reportado al IMSS.
Sin embargo, el SAT y el IMSS ya cuentan con bases legales para compartir determinada información bajo los supuestos aplicables. La iniciativa busca ampliar y precisar estos mecanismos, no crear desde cero toda posibilidad de colaboración.
También es importante evitar una conclusión equivocada: que una empresa utilice un tercero para pagar no significa, por sí solo, que exista una irregularidad. Se debe revisar la verdadera naturaleza de cada cantidad y las exclusiones previstas en la Ley del Seguro Social.
¿Qué deben revisar las empresas por ahora?
Mientras continúa el proceso legislativo, los patrones pueden concentrarse en cumplir las obligaciones actuales y revisar si su documentación cuenta la misma historia:
Comparar las percepciones laborales con los CFDI de nómina y el salario registrado ante el IMSS.
Revisar bonos, incentivos y otros pagos canalizados mediante terceros.
Conservar contratos, comprobantes y evidencia que explique la naturaleza de cada operación.
Investigar las diferencias antes de asumir que todos los pagos adicionales deben integrar el SBC.
Para profundizar en las implicaciones fiscales de estos esquemas, consulta nuestro análisis sobre pagos mediante terceros.
Mantener la nómina en orden sigue siendo la prioridad
La iniciativa todavía puede modificarse durante su discusión. Si avanza, el intercambio de datos podría facilitar revisiones más sistemáticas. Mientras tanto, la prioridad no es aplicar reglas que aún no existen, sino asegurarse de que el salario, los CFDI y la documentación de pagos correspondan a la realidad de cada relación laboral.
Si el SAT negó total o parcialmente una devolución manual, el problema ya no es el mismo que cuando una devolución automática no procede. En esta etapa existe una resolución de la autoridad y puede comenzar a correr un plazo para impugnarla. Identificar correctamente qué documento recibiste, cuándo fue notificado y qué parte del saldo fue negada puede ser decisivo.
PRODECON llamó la atención sobre este escenario el 13 de agosto de 2026. En una orientación dirigida a contribuyentes con una devolución manual negada o parcial, advirtió que existe un plazo de 30 días hábiles para promover el medio de defensa correspondiente.
La cifra de 30 días es importante, pero no conviene usarla como si existiera una fecha universal para todos los casos. Antes de contar, hay que distinguir la fecha de notificación, el momento en que ésta surte efectos y la vía de defensa que se pretende utilizar.
No es lo mismo un rechazo automático que una resolución de devolución manual
Una devolución automática que no procede puede llevar al contribuyente a revisar inconsistencias, solventarlas o presentar una solicitud mediante el Formato Electrónico de Devoluciones (FED), según corresponda.
El escenario de este artículo comienza después: el contribuyente ya presentó la solicitud manual y el SAT emitió una resolución que niega total o parcialmente la devolución.
Esa diferencia es relevante porque ya no estamos únicamente ante una inconsistencia del sistema o un resultado de la facilidad automática. Existe un acto formal de autoridad que debe revisarse antes de decidir el siguiente paso.
También conviene distinguir otros estados del trámite. Una solicitud tenida por no presentada, un desistimiento por no atender un requerimiento y una resolución que niega la devolución son situaciones distintas. No todas activan automáticamente el mismo análisis ni deben tratarse como si fueran equivalentes.
¿Qué ocurre si el SAT autoriza solo una parte?
El artículo 22 del Código Fiscal de la Federación permite que la autoridad devuelva una cantidad menor a la solicitada. Salvo los supuestos relacionados con errores aritméticos o de forma previstos en el propio artículo, la solicitud se considera negada por la parte que no fue devuelta y la autoridad debe fundar y motivar esa negativa.
Por ejemplo, si solicitaste $40,000 y el SAT autoriza $25,000, la controversia puede concentrarse en los $15,000 no autorizados.
Esto ayuda a entender por qué una devolución parcial también merece atención inmediata. No basta con comprobar que llegó un depósito: es necesario leer la resolución completa y conocer qué parte fue reconocida, cuál fue negada y por qué.
Devolución manual: ¿cuándo empiezan realmente los 30 días?
Aquí está uno de los puntos más delicados.
Para el recurso de revocación, el artículo 121 del Código Fiscal de la Federación establece un plazo de 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación. El propio SAT lo confirma en su ficha oficial del recurso de revocación.
A su vez, el artículo 135 del CFF dispone, como regla general, que las notificaciones surten efectos al día hábil siguiente de aquel en que fueron hechas.
Por eso no debe confundirse:
fecha de notificación → fecha en que surte efectos → primer día del plazo.
Si la resolución llegó por Buzón Tributario, tampoco debe tomarse simplemente la fecha del aviso enviado al correo o teléfono registrado. El CFF contiene reglas específicas para determinar cuándo se tiene por realizada la notificación electrónica.
En una devolución manual negada, conservar el acuse y la constancia de notificación es tan importante como conservar la propia resolución.
¿Los 30 días son para presentar un recurso de revocación?
El recurso de revocación es una de las vías que pueden proceder contra una resolución definitiva que niega una devolución. El CFF contempla expresamente las resoluciones que niegan devoluciones y establece que el recurso es optativo antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Esto significa que no siempre es obligatorio presentar primero el recurso ante el SAT. Dependiendo del caso, también puede existir la posibilidad de acudir directamente al juicio contencioso administrativo.
La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece igualmente, como regla general, un plazo de 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada.
Aunque ambas vías utilizan un plazo de 30 días, no debe asumirse que siempre vencen exactamente en la misma fecha. El cómputo depende de los días inhábiles aplicables a cada vía.
Un ejemplo muestra por qué no basta con sumar 30 días
Supongamos que una persona solicita manualmente una devolución de $40,000 y el SAT resuelve:
$25,000 autorizados;
$15,000 negados; y
resolución notificada el lunes 5 de octubre de 2026.
En este ejemplo, la notificación surtiría efectos el martes 6 de octubre y el primer día del plazo sería el miércoles 7 de octubre.
Si se calcula el recurso de revocación conforme a los días inhábiles aplicables al CFF y al SAT conocidos a esa fecha, el día 30 sería el miércoles 18 de noviembre de 2026.
Para un juicio ante el TFJA, el resultado puede cambiar porque el Tribunal tiene su propio calendario de días inhábiles. En 2026, por ejemplo, declaró inhábiles el 12 de octubre, el 2 de noviembre y el 16 de noviembre. Con esas fechas, en este ejemplo el día 30 sería el viernes 20 de noviembre de 2026. Puedes consultar el calendario oficial de días inhábiles 2026 del TFJA.
El ejemplo sirve para visualizar el problema. Antes de utilizar una fecha límite en un expediente real deben revisarse nuevamente la vía elegida, la forma de notificación y los días inhábiles vigentes.
¿Puedo corregir los documentos y volver a pedir la devolución?
Este es probablemente el punto que más cuidado requiere cuando ya existe una resolución.
Durante años podía parecer lógico pensar: “si faltó documentación, corrijo el expediente y presento otra solicitud”. Hoy esa respuesta no puede darse como regla general.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia 2a./J. 32/2025 (11a.), registro digital 2030763, que cuando la autoridad niega total o parcialmente una solicitud de devolución por cuestiones formales y esa resolución no se impugna, no es viable presentar nuevamente la misma solicitud subsanando las deficiencias o agregando nuevos elementos.
Esto cambia la decisión práctica ante una devolución manual. Dejar vencer la resolución puede tener consecuencias que no se solucionan simplemente presentando otro FED.
La jurisprudencia analiza un supuesto concreto, por lo que no debe extenderse automáticamente a un desistimiento, una solicitud tenida por no presentada o cualquier otro estado del trámite. La resolución recibida debe revisarse antes de decidir.
¿Qué conviene revisar antes de elegir un medio de defensa?
La respuesta depende del motivo exacto de la negativa, pero existe un grupo de documentos y datos que conviene tener a la vista:
resolución completa emitida por el SAT;
constancia o acuse de notificación;
fecha en que la notificación surtió efectos;
acuse de la solicitud de devolución manual;
requerimientos formulados por la autoridad y respuestas presentadas;
declaraciones relacionadas con el saldo;
CFDI, retenciones, pagos provisionales o documentación que el SAT haya cuestionado;
estados de cuenta y papeles de trabajo cuando sean relevantes; y
evidencia de los documentos que ya se entregaron durante el procedimiento.
No todos estos elementos serán necesarios en cualquier asunto. El punto es evitar una defensa genérica. Primero hay que conocer qué razón concreta utilizó la autoridad para negar la devolución y después reunir la documentación que permita controvertirla.
¿Qué pasa si dejo transcurrir el plazo?
No es correcto afirmar que al día 31 “se pierde para siempre el dinero” en todos los casos. Esa frase sería demasiado amplia.
Lo que sí debe tomarse en serio es que, si vence el plazo aplicable, pueden perderse los medios ordinarios para combatir esa resolución. Además, después del criterio obligatorio de la SCJN de 2025, tampoco debe asumirse que una negativa formal puede dejarse firme para después corregir la documentación y presentar nuevamente la misma devolución.
Por eso una devolución manual negada requiere una decisión temprana: revisar el expediente, identificar la fecha límite y determinar si la resolución debe impugnarse.
Presentar una aclaración o una queja tampoco debe utilizarse como sustituto automático del medio de defensa.
¿Cómo puede ayudarte PRODECON?
PRODECON ofrece servicios gratuitos de asesoría y, cuando se cumplen sus requisitos, puede brindar Representación y Defensa Legal para promover recursos administrativos, juicios de nulidad y, cuando corresponda, otros medios de defensa.
La propia orientación difundida en agosto de 2026 recomienda acudir a la Procuraduría una vez notificada la resolución. Para solicitar apoyo conviene llevar la resolución y su constancia de notificación, además de los antecedentes que permitan entender la solicitud y la causa de la negativa.
La representación no procede automáticamente en todos los asuntos. Existen reglas de competencia, cuantía y otros requisitos, por lo que lo recomendable es solicitar orientación cuanto antes y no esperar a que esté por vencer el plazo.
Antes de dejar correr los 30 días
Una resolución que niega total o parcialmente una devolución manual merece algo más que revisar el estatus del trámite. Hay que leer sus fundamentos, conservar la evidencia de notificación, determinar qué parte del saldo está en controversia y calcular correctamente el plazo de la vía que realmente se utilizará.
El punto más importante es no asumir que siempre habrá una segunda oportunidad para presentar la misma solicitud. Cuando ya existe una resolución definitiva, dejarla firme puede cambiar las alternativas disponibles.
Si trabajas habitualmente con trámites del SAT, CFDI y cumplimiento fiscal, puedes suscribirte al canal de YouTube de Facturando para mantenerte al día con cambios y recomendaciones prácticas.
Si recibes intereses en RESICO, eso no te convierte automáticamente en socio o accionista ni obliga, por ese solo hecho, a abandonar el régimen. La aclaración es relevante porque PRODECON informó el 30 de septiembre de 2026 que detectó contribuyentes rechazados o dados de baja aparentemente por esa asociación.
La clave está en no usar la palabra “inversión” como si describiera una sola situación fiscal. Para saber si existe un riesgo real hay que revisar qué instrumento tiene la persona, qué ingreso produce y si existe o no una participación en una persona moral.
¿Los intereses en RESICO pueden sacarte del régimen?
El artículo 113-E de la Ley del ISR permite que una persona física tribute en RESICO y obtenga, además, ingresos de los capítulos I y VI del Título IV. El Capítulo VI corresponde a ingresos por intereses.
Por eso, los intereses en RESICO pueden coexistir con el régimen cuando se cumplen las demás condiciones legales. El mismo artículo mantiene un límite de 3.5 millones de pesos para los ingresos que deben considerarse conforme a esa disposición.
La Resolución Miscelánea Fiscal también reconoce esa convivencia: para la declaración anual, el impuesto correspondiente a los ingresos de los capítulos I y VI se determina de manera independiente al de las actividades que tributan en RESICO.
En otras palabras, recibir intereses no es, por sí mismo, una causal de exclusión.
¿Qué fue lo que PRODECON puso sobre la mesa?
PRODECON informó que conoció casos de personas físicas con inversiones y rendimientos como intereses a quienes se les negó la incorporación al RESICO porque aparentemente fueron consideradas socios o accionistas de personas morales. También identificó personas que ya estaban en el régimen y fueron dadas de baja bajo la misma consideración.
Ante esa situación, la Procuraduría preguntó al SAT cuáles eran las razones y fundamentos para relacionar ambas condiciones y qué podía hacerse cuando el contribuyente acreditara que no tenía las características propias de un socio o accionista.
La respuesta del SAT es el dato central: sus sistemas institucionales relacionados con el RFC no contemplan un procedimiento que vincule automáticamente ser inversionista o percibir intereses con ser socio o accionista.
La autoridad también confirmó que el artículo 113-E permite obtener ingresos por intereses y permanecer en RESICO dentro de las condiciones aplicables. Sin embargo, no declaró que todos los rechazos o bajas detectados fueran incorrectos; señaló que debe revisarse cada caso para conocer la causa concreta.
El filtro útil: ingreso, instrumento y vínculo societario
Para revisar intereses en RESICO conviene separar tres preguntas.
¿Qué ingreso recibió la persona? Si jurídicamente se trata de intereses del Capítulo VI, existe una compatibilidad expresa en el artículo 113-E.
¿Qué instrumento generó ese rendimiento? Una inversión puede consistir en deuda, depósitos u otros instrumentos que generan intereses, pero también puede representar acciones o una participación en una sociedad.
¿Existe una relación como socio o accionista? Esta pregunta es distinta de la anterior. Ser socio o accionista implica una participación jurídica en una persona moral; recibir intereses, por sí mismo, no acredita esa condición.
Esta distinción explica por qué no es correcto concluir que todo inversionista está fuera del RESICO. Pero también evita el error contrario: afirmar que cualquier producto llamado “inversión” es compatible con el régimen.
Intereses, acciones y dividendos no son lo mismo
Este punto merece especial cuidado.
Una inversión que produce intereses puede ubicarse en el supuesto que el artículo 113-E permite expresamente. Comprar acciones, en cambio, obliga a analizar si existe la calidad de accionista. Los dividendos corresponden a otra categoría de ingreso y la ganancia por vender acciones tiene reglas fiscales propias.
Por ello, la respuesta comunicada por el SAT a PRODECON sobre intereses en RESICO no debe utilizarse como una autorización general para comprar acciones, recibir dividendos o realizar cualquier operación financiera sin revisar sus efectos.
Tampoco encontramos una disposición oficial que permita afirmar, de forma general, que comprar pocas acciones en bolsa deja de convertir al titular en accionista para efectos del RESICO. Ese supuesto merece un análisis separado.
La diferencia es importante porque el artículo 113-E establece como regla general una restricción para socios, accionistas o integrantes de personas morales, aunque la RMF prevé excepciones específicas para determinados casos.
¿Cuándo sí debes revisar una posible incompatibilidad?
Además de la restricción general para socios, accionistas, integrantes de personas morales y partes relacionadas, el artículo 113-E contempla otros impedimentos. Entre ellos se encuentran los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México, quienes obtienen ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes y quienes perciben determinados ingresos previstos en las fracciones III a VI del artículo 94.
También hay que vigilar el límite de ingresos. Que existan intereses en RESICO permitidos por la ley no significa que puedan ignorarse al verificar el monto máximo aplicable.
Por otra parte, la RMF contiene excepciones para ciertos socios o accionistas. Son supuestos específicos y deben revisarse contra sus requisitos; no conviene extenderlos a situaciones parecidas únicamente por analogía.
Si el SAT ya cambió tu régimen, no empieces por vender la inversión
Si el SAT rechazó tu incorporación o te dio de baja, el primer paso no debería ser vender un instrumento financiero ni cambiar voluntariamente de régimen sin conocer la causa.
Primero revisa qué aparece en tu RFC y en tu Constancia de Situación Fiscal, qué acto o aviso recibiste, qué tipo de instrumento tienes y qué documento emitió la institución financiera sobre el rendimiento. El objetivo es identificar si el problema realmente está relacionado con la inversión o si existe otra condición de RESICO que la autoridad consideró incumplida.
La RMF prevé una aclaración cuando los sistemas del RFC asignan obligaciones fiscales que el contribuyente considera distintas de las que le corresponden. También existe un procedimiento específico para ciertos casos relacionados con las excepciones aplicables a socios o accionistas.
PRODECON invitó expresamente a quienes reciben intereses y fueron rechazados o dados de baja a solicitar orientación para conocer sus alternativas. Dependiendo de la situación, puede intervenir mediante sus distintos servicios de asesoría, queja y defensa.
Si ya existe un acto formalmente notificado, conviene revisar de inmediato los plazos y medios de defensa. Una aclaración o una queja no debe asumirse como sustituto de un recurso ni como una actuación que detenga automáticamente esos plazos.
¿Qué cambió realmente el 30 de septiembre de 2026?
No cambió la Ley del ISR.
La posibilidad de recibir intereses en RESICO ya estaba prevista en el artículo 113-E. La Ley del Impuesto sobre la Renta vigente muestra que su última reforma publicada es del 1 de abril de 2024, por lo que la publicación de PRODECON no corresponde a una reforma reciente que haya creado este beneficio.
Tampoco se trata de una nueva jurisprudencia que autorice cualquier inversión para quienes tributan en RESICO.
Lo novedoso es que PRODECON hizo visible una problemática concreta, consultó al SAT y difundió una respuesta que permite descartar una idea equivocada: percibir intereses no debe equipararse automáticamente con ser socio o accionista.
Antes de tomar una decisión, identifica qué tienes realmente
Si percibes intereses en RESICO, revisa el instrumento que los genera, la documentación de la institución financiera, tus ingresos acumulados para el límite aplicable y cualquier posible participación societaria.
Si ya hubo un rechazo o una baja, identifica primero la causa que registró la autoridad y conserva los documentos que permitan demostrar tu situación. La respuesta puede ser una aclaración sencilla o requerir una estrategia de defensa, pero no debería partir de asumir que “tener inversiones” equivale automáticamente a estar fuera del régimen.
Para continuar al día sobre RESICO, cambios del SAT y otros temas fiscales, suscríbete al canal de YouTube de Facturando. También llevaremos este tema al canal para explicar con ejemplos la diferencia entre intereses, acciones y dividendos.
Estado de la propuesta al 21 de septiembre de 2026: el Paquete Económico 2027 propone que el SAT implemente un programa específico de verificación y comprobación para las personas morales con fines no lucrativos que tributan conforme al Título III de la Ley del ISR. La medida todavía no está aprobada ni vigente y sus criterios tendrían que definirse mediante reglas de carácter general.
El cambio no crea por sí mismo un nuevo impuesto. Su objetivo es aumentar la revisión sobre entidades que, aunque no sean contribuyentes del ISR por las actividades propias de su objeto, sí mantienen obligaciones fiscales y pueden llegar a pagar impuesto en determinados supuestos.
Para asociaciones, cámaras, colegios, sindicatos, donatarias y otras entidades de fines no lucrativos, el punto central será poder demostrar que los ingresos recibidos son congruentes con su objeto y que la contabilidad, los CFDI, las declaraciones y la documentación cuentan la misma historia.
Fines no lucrativos: ¿qué propone exactamente el Paquete Económico 2027?
La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para 2027 incluye un artículo trigésimo transitorio que ordenaría al SAT implementar un programa de verificación y comprobación dirigido a los contribuyentes del Título III de la Ley del ISR.
De acuerdo con la exposición de motivos, el propósito es verificar que los ingresos que reciben estas entidades sean acordes con su objeto y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales que les resultan aplicables.
La propuesta no define todavía cómo se seleccionarán las organizaciones, qué información solicitará el SAT, cuándo comenzarían las revisiones ni qué ejercicios serían considerados. Esos criterios tendrían que establecerse posteriormente mediante reglas de carácter general.
Por ello, hoy no puede afirmarse que existirá una visita domiciliaria generalizada ni que todas las organizaciones serán revisadas bajo el mismo procedimiento. Lo que sí existe es una propuesta expresa para crear un programa de fiscalización dirigido a este sector.
No se trata únicamente de donatarias autorizadas
Uno de los errores más fáciles de cometer es asociar las personas morales con fines no lucrativos únicamente con donatarias.
El artículo 79 de la Ley del ISR incluye un universo mucho más amplio. Entre otros sujetos se encuentran sindicatos, asociaciones patronales, cámaras de comercio e industria, colegios de profesionales, sociedades cooperativas de consumo, asociaciones religiosas, asociaciones civiles de colonos, asociaciones deportivas y diversas instituciones de asistencia o beneficencia. Consulta el artículo 79 de la Ley del ISR en el portal del SAT
También existen organizaciones que, para permanecer dentro de determinadas fracciones del Título III, requieren autorización para recibir donativos deducibles.
Por tanto, el programa propuesto no debe interpretarse como una nueva revisión exclusiva para donatarias. El texto se refiere a los contribuyentes del Título III, aunque las reglas que emita el SAT serán determinantes para conocer su alcance operativo.
Estar en el Título III no significa no tener obligaciones fiscales
El SAT señala actualmente que las personas morales con fines no lucrativos pueden tener obligaciones como inscribirse en el RFC, expedir CFDI, llevar contabilidad y presentar la declaración anual de ingresos y erogaciones, además de cumplir las obligaciones específicas que correspondan a cada tipo de entidad. Consulta la orientación del SAT para personas morales con fines no lucrativos
Tampoco significa que nunca puedan causar ISR.
Por ejemplo, conforme a las reglas vigentes, determinadas personas morales del Título III deben calcular el impuesto cuando enajenan bienes distintos de su activo fijo o prestan servicios a personas distintas de sus miembros y los ingresos de esas operaciones exceden de 5% de sus ingresos totales del ejercicio.
También existen supuestos de remanente distribuible que pueden generar un impuesto definitivo a cargo de la organización. El propio artículo 79 contempla situaciones como omisiones de ingresos, compras inexistentes registradas, ciertas erogaciones no deducibles y determinados préstamos a integrantes.
Estas reglas ya existen. El programa de 2027 no las crea; lo que propone es reforzar la verificación de su cumplimiento.
¿Qué significa que los ingresos sean acordes con el objeto?
Este puede convertirse en uno de los puntos más importantes del programa.
Supongamos una asociación cuyo objeto consiste en prestar determinado servicio a sus integrantes, pero durante el ejercicio recibe cantidades relevantes por actividades distintas, ventas de bienes o servicios prestados a terceros.
Eso no significa automáticamente que exista una irregularidad. El tratamiento depende del tipo de organización, su objeto, el origen de los ingresos y las reglas fiscales aplicables.
Sin embargo, una diferencia importante entre lo que la organización declara hacer y lo que muestran sus CFDI, cuentas bancarias, contratos y registros contables puede exigir una explicación y documentación adicional.
Por eso el control no debería limitarse a revisar el acta constitutiva. Es necesario poder relacionar el objeto con las actividades efectivamente realizadas y con cada fuente relevante de ingresos.
¿Qué documentos conviene revisar antes de 2027?
La propuesta todavía puede cambiar, pero una revisión preventiva puede realizarse con información que la organización ya debería conservar.
Entre los puntos que conviene conciliar están:
Acta constitutiva y modificaciones al objeto social
Constancia de situación fiscal y obligaciones registradas
CFDI emitidos y recibidos
Estados de cuenta bancarios
Contabilidad y balanzas
Contratos, convenios y documentación de cuotas
Ingresos provenientes de personas que no sean miembros
Enajenaciones de bienes distintos del activo fijo
Declaraciones e informativas presentadas
Cálculo y documentación del remanente distribuible, cuando corresponda
Autorizaciones y obligaciones de transparencia, tratándose de donatarias.
La finalidad no es crear nuevos papeles de trabajo únicamente por la iniciativa. Es comprobar que la información que ya existe sea congruente y permita explicar cada operación relevante.
Los CFDI pueden convertirse en una pieza clave de la revisión
Si el objetivo será contrastar los ingresos con la actividad de la organización, los comprobantes fiscales serán una fuente natural de información.
Un buen ejercicio preventivo consiste en comparar los XML emitidos y recibidos contra la contabilidad y los movimientos bancarios. Esto ayuda a detectar comprobantes faltantes, cancelaciones, ingresos clasificados incorrectamente o diferencias que conviene aclarar antes de cualquier revisión.
Cuando sea necesario reconstruir grandes volúmenes de comprobantes, Descargar CFDI permite obtener de forma masiva los XML emitidos y recibidos directamente del SAT y utilizarlos como base para conciliaciones y revisiones documentales.
¿El programa implica que las organizaciones perderán su régimen?
No de manera automática.
La iniciativa propone un programa de verificación, no una cancelación general del Título III ni una reclasificación automática al régimen general de personas morales.
Las consecuencias dependerán de lo que la autoridad encuentre en cada caso y de las disposiciones aplicables a esa organización. Una inconsistencia documental tampoco equivale por sí sola a perder el tratamiento fiscal.
En el caso particular de donatarias autorizadas sí existen reglas específicas sobre autorización, transparencia, destino de recursos y causales que pueden afectar su permanencia, pero no deben generalizarse a todas las personas morales con fines no lucrativos.
Fines no lucrativos: ¿qué todavía no sabemos?
A la fecha de este análisis todavía faltan elementos importantes.
La iniciativa no establece el calendario del programa, el método de selección de contribuyentes, la documentación que se solicitará, los periodos a revisar ni si existirán procedimientos simplificados para determinados tipos de organizaciones.
Tampoco debe confundirse el anuncio del programa con una facultad nueva de comprobación. El SAT ya cuenta con facultades de fiscalización conforme al Código Fiscal de la Federación. La propuesta crea un enfoque específico hacia los sujetos del Título III.
Las reglas posteriores serán fundamentales para saber cómo funcionará en la práctica.
Prepararse no significa asumir que ya existe una revisión
Al 21 de septiembre de 2026, el Paquete Económico continúa en análisis legislativo. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados inició formalmente los trabajos sobre las iniciativas en materia de ingresos, por lo que el programa para entidades de fines no lucrativos todavía es una propuesta.
Por ello no recomendamos modificar operaciones de 2026 únicamente por este anuncio.
Sí es un buen momento para revisar si los ingresos coinciden con las actividades que la organización declara realizar, si los CFDI están completos y si las declaraciones, contabilidad y documentación interna son consistentes.
En caso de aprobarse el programa, esa revisión previa permitirá responder con mayor rapidez y seguridad ante solicitudes de información o comprobaciones de la autoridad.
Seguiremos el proceso legislativo y, cuando se publiquen las reglas que definan el programa, revisaremos su alcance, calendario y documentación requerida.
Este análisis forma parte de nuestra segunda serie sobre el Paquete Económico 2027. En Paquete Económico 2027: otros cambios fiscales que debes conocer reunimos esta propuesta junto con otros ocho cambios fiscales y regulatorios que también podrían aplicarse a partir de 2027.
También publicamos explicaciones sobre ISR, CFDI, SAT y cumplimiento fiscal en nuestro canal de YouTube.
El SAT informó que entre octubre de 2024 y agosto de 2026 canceló la posibilidad de emitir facturas a 2,205 empresas comercializadoras que vendían combustible de manera ilegal. Para quien recibe facturas de combustible, la noticia abre una pregunta práctica: ¿cómo saber si un proveedor de combustible representa un riesgo para la deducción?
La respuesta no está en una lista única. El SAT no publicó los nombres ni RFC de las 2,205 empresas y tampoco señaló que todas hubieran pasado por el mismo procedimiento. Por eso, no conviene asumir que una restricción para facturar significa automáticamente que los CFDI emitidos con anterioridad perdieron sus efectos fiscales.
¿Qué informó exactamente el SAT?
La tarjeta informativa del SAT del 2 de septiembre de 2026 es breve: señala que, de octubre de 2024 a agosto de 2026, se canceló la posibilidad de emitir facturas a 2,205 comercializadoras que vendían combustible ilegalmente.
El comunicado no identifica a las empresas y tampoco precisa si en todos los casos hubo restricción temporal del Certificado de Sello Digital, cancelación definitiva del CSD u otro mecanismo. Esa diferencia importa porque cada supuesto tiene consecuencias distintas.
Desde 2026, además, el Código Fiscal de la Federación contempla una causal específica para restringir temporalmente el CSD cuando, al expedir CFDI, no se declara el número de permiso vigente de la Comisión Nacional de Energía, se declara uno incorrecto sin contar con él o se enajenan combustibles sin haberlos importado o adquirido conforme a las disposiciones aplicables. La disposición fue incorporada mediante la reforma fiscal publicada el 7 de noviembre de 2025.
Si quieres profundizar en las diferencias entre una restricción temporal y dejar un certificado sin efectos, puedes consultar nuestro análisis sobre la restricción de sellos digitales del SAT.
¿Existe una lista de las 2,205 empresas?
Hasta ahora, no se localizó una relación oficial que permita consultar las 2,205 empresas anunciadas por el SAT.
Sí existen otros padrones y consultas públicas: permisos de la CNE, listados del artículo 69-B, publicaciones del artículo 49 Bis y herramientas para verificar CFDI. Sin embargo, ninguno de ellos equivale a la lista de las 2,205 comercializadoras.
Esto significa que buscar únicamente el nombre del proveedor en una base no resuelve todo el análisis. Lo adecuado es revisar qué tipo de operación se realizó, cómo fue emitido el CFDI y si existe alguna publicación específica que afecte al proveedor o a los comprobantes recibidos.
¿Qué debe contener una factura de combustible?
La Ley del ISR establece requisitos particulares para la adquisición de combustibles. Entre ellos, el pago debe realizarse mediante los medios autorizados aun cuando la operación no exceda de $2,000, y en el comprobante debe constar la información del permiso vigente del proveedor; en su caso, ese permiso no debe encontrarse suspendido al momento de expedirse el CFDI. Para un proveedor de combustible, ese dato forma parte de los controles que hoy se conectan con la facturación.
Aquí existe un control automático importante. La L_CNE contiene el número de permiso, el RFC de su titular y las claves de producto autorizadas. El SAT establece que esta lista contiene únicamente permisos vigentes, se actualiza todos los días y debe ser consultada diariamente por los proveedores de certificación.
Al certificar el comprobante, el PAC valida la correspondencia entre permiso, RFC emisor y producto. Si la información no coincide con la L_CNE, el CFDI no debe certificarse. También puede consultarse individualmente el permiso en el Registro público de permisos de la CNE.
Esto reduce un riesgo, pero no convierte al timbrado en una garantía absoluta sobre toda la situación fiscal del proveedor.
¿Cómo revisar a un proveedor de combustible?
Para una empresa o despacho contable, conviene separar varias comprobaciones porque responden preguntas distintas:
Verificar que el CFDI exista y conserve un estado válido en los controles del SAT.
Revisar que la factura de combustible contenga la información y complemento que correspondan a la operación.
Confirmar, cuando sea necesario, que el permiso del proveedor se encuentre vigente ante la CNE.
Consultar si el proveedor aparece en los listados definitivos del artículo 69-B.
Revisar las publicaciones del artículo 49 Bis cuando exista una resolución relacionada con CFDI falsos.
Conservar evidencia de la operación: pagos, contratos, entregas, órdenes de compra y demás documentos que acrediten que el combustible realmente fue adquirido.
En otras palabras, validar el XML es necesario, pero no sustituye la revisión del proveedor ni la evidencia de la operación.
¿Qué pasa si el proveedor ya no puede facturar?
Este es uno de los puntos más importantes.
Que un proveedor de combustible deje de poder emitir CFDI hoy no significa, por sí mismo, que todas las facturas que emitió anteriormente queden invalidadas. El artículo 17-H del CFF establece que, para terceros de buena fe, la revocación de un certificado produce efectos a partir de la fecha y hora en que la revocación se da a conocer.
Por eso, antes de eliminar una deducción o corregir declaraciones, hay que identificar la causa concreta del problema.
El escenario cambia si el proveedor aparece definitivamente en el artículo 69-B. El SAT señala que quienes realizaron operaciones con contribuyentes publicados en los listados definitivos cuentan con el plazo establecido para acreditar que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios, o para corregir su situación fiscal. La consulta oficial del artículo 69-B permite buscar por RFC o nombre.
También es distinto el artículo 49 Bis. Cuando existe una resolución que determina la emisión de comprobantes fiscales falsos y se publica oficialmente, los receptores deben revertir los efectos fiscales correspondientes dentro del plazo previsto. Publicaciones realizadas durante 2026 indican además que, si el receptor no corrige su situación, puede enfrentar una restricción temporal de su propio CSD.
Un CFDI timbrado no sustituye el control del proveedor
El nuevo esquema de facturación de hidrocarburos incorpora controles técnicos mucho más estrictos. El permiso, el RFC y el producto son contrastados durante la certificación, lo que ayuda a impedir que ciertos comprobantes incorrectos lleguen a timbrarse.
Pero contabilidad no debería interpretar eso como una señal de que ya no necesita revisar nada más. Un proveedor de combustible puede enfrentar posteriormente otro procedimiento fiscal que no sea visible únicamente mediante la validación técnica del XML.
La situación del proveedor puede cambiar después de la emisión, pueden existir procedimientos distintos a los relacionados con el permiso energético y, sobre todo, la realidad de la operación sigue siendo relevante.
Si administras un volumen importante de XML, Validador CFDI de Facturando puede ayudarte a automatizar la revisión técnica y consultar el estado de los comprobantes, mientras los controles fiscales y documentales se realizan por separado.
Qué hacer ante esta nueva fiscalización de combustibles
La cifra de 2,205 empresas muestra que la fiscalización del sector combustible ya no depende únicamente de revisiones posteriores. Desde 2026 existen controles que relacionan el CFDI con permisos, RFC y productos autorizados desde el proceso de certificación.
Para quien compra gasolina o diésel, la mejor respuesta no es buscar una lista inexistente ni cancelar automáticamente facturas anteriores. Es mantener controles que permitan saber quién es el proveedor de combustible, verificar los CFDI recibidos y reaccionar cuando exista una publicación oficial que realmente afecte sus efectos fiscales.
La propuesta de regularización fiscal 2027 daría continuidad al programa que actualmente opera en 2026. El beneficio seguiría dirigido a personas físicas y morales con ingresos de hasta $300 millones y permitiría disminuir el costo de regularizar determinados adeudos mediante un estímulo de 100% sobre multas, recargos y gastos de ejecución.
Pero el programa no significa que el SAT vaya a borrar el impuesto principal.
Las contribuciones, aprovechamientos o cuotas compensatorias que correspondan deben pagarse con su actualización. El beneficio se concentra en los accesorios y sanciones que expresamente contempla la disposición.
Además, la propuesta introduce cambios relevantes en las exclusiones: permitiría que ciertos contribuyentes que ya utilizaron programas de regularización anteriores vuelvan a acceder, pero al mismo tiempo incorpora restricciones relacionadas con delitos fiscales, artículo 49 Bis, 69-B y 69-B Bis.
Estado de la propuesta al 13 de septiembre de 2026: la regularización fiscal 2027 analizada en este artículo forma parte de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para 2027 presentada por el Ejecutivo al Congreso. Todavía no está aprobada ni vigente y puede modificarse durante el proceso legislativo.
El estímulo estaría dirigido a personas físicas y morales cuyos ingresos totales del ejercicio fiscal 2025, para efectos de la Ley del ISR, no hayan excedido de:
$300,000,000
Además, deben existir adeudos cuya administración y recaudación corresponda al SAT o a la Agencia Nacional de Aduanas de México.
Entre los conceptos que pueden formar parte de esos créditos se encuentran:
contribuciones federales propias;
contribuciones retenidas;
contribuciones trasladadas;
aprovechamientos;
multas fiscales;
multas por obligaciones distintas a las de pago;
multas con agravantes;
cuotas compensatorias.
El límite de ingresos no se mediría con 2027 ni con 2026. La iniciativa toma específicamente como referencia el ejercicio fiscal 2025.
¿Qué beneficio ofrece el programa?
La regularización fiscal 2027 propone un estímulo equivalente al 100% de multas, recargos y gastos de ejecución para los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los supuestos previstos.
Esto no equivale a una condonación total del adeudo.
Por ejemplo, supongamos un crédito fiscal compuesto de la siguiente manera:
Concepto
Importe
Contribución omitida
$500,000
Actualización
$40,000
Recargos
$120,000
Multa
$75,000
Gastos de ejecución
$20,000
Total antes del estímulo
$755,000
Si el caso cumple con todos los requisitos y los accesorios señalados quedan cubiertos por el estímulo, el beneficio sería:
$120,000 + $75,000 + $20,000 = $215,000
El contribuyente todavía tendría que cubrir la contribución omitida y su actualización:
$500,000 + $40,000 = $540,000
El ejemplo es ilustrativo. La composición de cada crédito y el porcentaje que resulte aplicable deben revisarse de acuerdo con el supuesto concreto.
Tres situaciones diferentes dentro del programa
La iniciativa mantiene tres escenarios principales.
Situación
Condición principal
Fecha relevante propuesta
Adeudos de 2025 o anteriores
Presentar declaraciones y pagar en una sola exhibición
Hasta 31-dic-2027
Facultades de comprobación en curso
Subsanar irregularidades y autocorregirse
Dentro del procedimiento y máximo 31-dic-2027
Créditos fiscales firmes
Solicitud ante SAT y, en su caso, desistimiento
Solicitud hasta 31-oct-2027
No debe utilizarse el 31 de octubre como fecha límite universal.
Esa fecha es especialmente relevante para el tercer supuesto: créditos fiscales firmes determinados por la autoridad.
Regularización fiscal 2027: adeudos de 2025 o anteriores
El primer supuesto de la regularización fiscal 2027 se refiere a contribuyentes con adeudos correspondientes al ejercicio 2025 o anteriores.
Para aplicar el estímulo tendrían que:
presentar las declaraciones que correspondan;
cubrir el adeudo en una sola exhibición;
efectuar el pago a más tardar el 31 de diciembre de 2027.
Este supuesto está pensado para contribuyentes que buscan corregir obligaciones anteriores sin esperar necesariamente a que la autoridad determine un crédito mediante fiscalización.
La fecha de origen del adeudo también cambia frente al programa 2026: la propuesta 2027 avanzaría un ejercicio y abarcaría 2025 o anteriores. Para la regularización fiscal 2027, identificar correctamente el ejercicio de origen será indispensable antes de calcular cualquier beneficio.
¿Qué pasa si el SAT ya inició una revisión?
El segundo supuesto comprende a contribuyentes sujetos a facultades de comprobación.
La propuesta permitiría aplicar el estímulo siempre que:
subsanen todas las irregularidades detectadas;
se autocorrijan dentro del plazo del procedimiento;
y no excedan del 31 de diciembre de 2027.
La aplicación del beneficio tendría que informarse a la autoridad que lleva la revisión.
Podría realizarse durante el procedimiento de fiscalización o hasta antes de que se notifique la resolución correspondiente.
Esto significa que una revisión iniciada no elimina automáticamente la posibilidad de utilizar el programa.
Créditos fiscales firmes: la fecha clave sería el 31 de octubre
Para créditos fiscales firmes determinados por la autoridad, la mecánica es diferente.
El contribuyente tendría que presentar una solicitud ante el SAT a más tardar el 31 de octubre de 2027.
Si el crédito hubiera sido impugnado, tendría que desistirse del medio de defensa. La propuesta también exige desistimiento cuando se hubiera solicitado revisión administrativa.
Con la presentación de la solicitud:
se suspendería el procedimiento administrativo de ejecución;
no sería necesario garantizar el interés fiscal;
y se interrumpiría el plazo para que se consume la prescripción.
La autoridad tendría hasta 15 días naturales para emitir, en su caso, el formulario de pago.
Una vez puesto a disposición, el contribuyente tendría otros 15 días naturales para pagar el importe indicado.
Si no paga dentro de ese plazo, el formulario quedaría sin efectos y la autoridad podría requerir el pago total del crédito fiscal.
¿Se podría pagar en parcialidades?
Aquí existe una diferencia que no debe anticiparse.
Durante 2026, las reglas administrativas del programa permitieron en ciertos casos pagar créditos fiscales firmes hasta en seis parcialidades. En nuestro artículo Regularización fiscal 2026: beneficios y fechas límite explicamos esa facilidad.
Sin embargo, la iniciativa de Ley de Ingresos 2027 no establece por sí misma un esquema de parcialidades para este programa.
El texto propuesto señala que el importe del formulario debe pagarse dentro de los 15 días naturales siguientes a que se ponga a disposición.
El SAT queda facultado para emitir reglas de carácter general, pero mientras esas reglas no existan no debe darse por hecho que las seis parcialidades de 2026 continuarán en 2027.
Multas por obligaciones distintas a las de pago: reducción de 90%
Existe un tratamiento específico cuando un crédito fiscal firme está integrado exclusivamente por multas derivadas del incumplimiento de obligaciones distintas a las de pago.
En ese caso, la regularización fiscal 2027 propone un estímulo de 90% del total de la multa.
Para aplicarlo debe cumplirse la obligación omitida que dio origen a la sanción y satisfacerse los requisitos establecidos para el programa.
Por ejemplo, una multa firme de $50,000 que reúna las condiciones podría tener un estímulo de:
$50,000 × 90% = $45,000
Quedaría por pagar:
$5,000
Este supuesto es diferente del estímulo de 100% aplicable a multas, recargos y gastos de ejecución dentro de los otros escenarios previstos.
No se podría pagar mediante compensación
La iniciativa establece expresamente que el pago del crédito fiscal:
no podrá realizarse en especie;
ni mediante compensación.
Además, el estímulo fiscal:
no se consideraría ingreso acumulable para ISR;
no generaría devolución;
no sería deducible;
no podría compensarse;
no produciría acreditamiento;
ni daría lugar a saldo a favor.
El beneficio reduce determinados conceptos del adeudo, pero no crea un crédito fiscal aprovechable posteriormente.
Regularización fiscal 2027: beneficiarios de programas anteriores podrían volver
La exposición de motivos propone ampliar el acceso al programa.
Para 2026, la Ley de Ingresos excluye, entre otros, a quienes recibieron determinados beneficios de condonación y a quienes ya utilizaron el estímulo fiscal de regularización de 2025.
La propuesta de regularización fiscal 2027 ya no reproduce esas exclusiones.
La exposición de motivos lo explica expresamente: se pretende eliminar la exclusión aplicable a quienes se beneficiaron del programa 2025 y no excluir a quienes utilicen el programa 2026.
Esto significa que haber utilizado el programa en ejercicios anteriores no impediría automáticamente volver a solicitar el beneficio en 2027, siempre que se cumplan las demás condiciones.
Es uno de los cambios más favorables de la propuesta.
Pero también aparecen nuevas exclusiones
La ampliación del acceso viene acompañada de controles más estrictos. En la regularización fiscal 2027, varias exclusiones cambian respecto del programa vigente.
El beneficio no sería aplicable, entre otros casos, a quienes:
tengan determinados procesos o antecedentes relacionados con delitos fiscales;
aparezcan en listados definitivos de los artículos 49 Bis, 69-B o 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación;
sean competencia de la Administración General de Grandes Contribuyentes;
se encuentren dentro de determinados supuestos del artículo 79 de la Ley del ISR;
sean ciertos entes ejecutores de gasto, con las excepciones expresamente previstas.
La incorporación del artículo 49 Bis es especialmente relevante porque ese procedimiento comenzó a aplicarse durante 2026.
Delitos fiscales: la exclusión propuesta sería más amplia
En 2026 una de las exclusiones expresas se refiere a contribuyentes con sentencia condenatoria firme por delito fiscal.
La iniciativa 2027 amplía este filtro.
No podría aplicar el estímulo cuando se haya presentado denuncia, querella u otro requisito equivalente y además se haya dictado orden de aprehensión, o cuando el contribuyente:
esté vinculado a proceso;
tenga sentencia condenatoria firme por delito fiscal.
Tratándose de delitos en materia de hidrocarburos, la propuesta es todavía más estricta: bastaría la presentación de la denuncia, querella o requisito equivalente.
Por eso no sería correcto resumir esta exclusión como “solo quienes tengan sentencia firme quedan fuera”.
Artículo 49 Bis, 69-B y 69-B Bis
La regularización fiscal 2027 excluiría a contribuyentes publicados en los listados de quienes no desvirtuaron los hechos imputados en procedimientos de:
Esto incorpora expresamente la nueva figura relacionada con CFDI falsos.
Para un contribuyente que pretenda solicitar el estímulo, ya no bastaría revisar únicamente si aparece como EFOS definitivo.
También habría que verificar el estatus correspondiente al artículo 49 Bis y a la transmisión indebida de pérdidas fiscales del 69-B Bis.
Entidades federativas y municipios podrían acceder
La exposición de motivos también destaca una ampliación para el sector público.
El texto propuesto exceptúa de determinadas exclusiones a entidades federativas y municipios, permitiendo que puedan regularizar adeudos pendientes cuando cumplan los demás requisitos.
Asimismo, se prevé una excepción para ciertos entes ejecutores de gasto cuya actividad económica esté relacionada con:
servicios educativos de nivel medio superior y superior;
servicios de salud.
No debe interpretarse como acceso general para cualquier ente público. La redacción contiene supuestos y excepciones específicas.
Grandes Contribuyentes seguirían fuera
La propuesta mantiene una exclusión importante:
no podrían aplicar quienes sean competencia de la Administración General de Grandes Contribuyentes, conforme al Reglamento Interior del SAT y las disposiciones aplicables.
Por tanto, tener ingresos inferiores a $300 millones en 2025 no es suficiente por sí solo.
También debe revisarse que el contribuyente no pertenezca a una categoría que lo coloque bajo esa administración.
¿Qué pasa si ya existe un embargo?
En créditos fiscales firmes con embargo de bienes, la propuesta establece que al efectuar el pago conforme al formulario correspondiente:
se levantaría el embargo;
y se procedería a entregar los bienes embargados.
Esto puede ser especialmente relevante para contribuyentes cuyo adeudo ya se encuentra en una etapa avanzada del Procedimiento Administrativo de Ejecución.
Cuando un crédito fiscal federal se encuentre delegado a una entidad federativa para su administración y cobro mediante convenio de colaboración, la solicitud del estímulo tendría que presentarse directamente ante la autoridad fiscal de esa entidad.
La autoridad local tramitaría la solicitud conforme al transitorio y a las reglas que emita el SAT.
En cambio, el estímulo no sería aplicable a créditos fiscales remitidos al SAT únicamente para su cobro conforme al artículo 4 del CFF, salvo los remitidos por la Agencia Nacional de Aduanas de México.
Esta distinción puede cambiar completamente dónde debe iniciar el trámite.
¿Qué conviene revisar antes de pensar en solicitarlo?
Aunque todavía estamos ante una iniciativa, una empresa o persona física con adeudos puede empezar por clasificar su situación.
Conviene revisar:
ingresos totales obtenidos en 2025;
ejercicio al que corresponde el adeudo;
si el adeudo fue autodeterminado o determinado por la autoridad;
si existe una revisión en curso;
si el crédito ya es firme;
contribución principal;
actualización;
recargos;
multas;
gastos de ejecución;
medios de defensa pendientes;
existencia de embargo;
publicaciones en 49 Bis, 69-B o 69-B Bis;
competencia de la Administración General de Grandes Contribuyentes.
Con esos datos puede estimarse si el beneficio realmente es aplicable y cuánto se reduciría.
Preguntas frecuentes sobre regularización fiscal 2027
¿El programa ya está aprobado para 2027? No. Forma parte de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2027.
¿Cuál sería el límite de ingresos? Los ingresos totales de 2025 no deberían haber excedido de $300 millones.
¿Se perdonaría el impuesto principal? No. El estímulo se concentra en multas, recargos y gastos de ejecución. Los adeudos correspondientes deben pagarse con la actualización aplicable.
¿Qué ejercicios podrían regularizarse? La propuesta contempla adeudos correspondientes a 2025 o anteriores.
¿La reducción sería de 100% en todos los casos? No. Existe un tratamiento de 90% para determinados créditos firmes constituidos exclusivamente por multas relacionadas con obligaciones distintas a las de pago.
¿Cuál sería la fecha límite? Depende del supuesto. Para créditos firmes, la solicitud se presentaría a más tardar el 31 de octubre de 2027. Para otros escenarios, el límite general propuesto llega al 31 de diciembre de 2027.
¿Se podría pagar en seis parcialidades como en 2026? La iniciativa 2027 no establece esa facilidad. Habrá que esperar las reglas del SAT para saber si vuelve a ofrecerse.
¿Quien utilizó la regularización de 2025 o 2026 podría participar? La exposición de motivos propone expresamente que esos beneficios anteriores no sean una causa automática de exclusión en 2027.
¿Aparecer en el artículo 49 Bis impediría solicitar el estímulo? Sí, bajo el texto propuesto cuando se trate de contribuyentes publicados porque no desvirtuaron los hechos del procedimiento correspondiente.
Antes de ver el porcentaje, hay que identificar el tipo de adeudo
La regularización fiscal 2027 puede ser una oportunidad importante para reducir el costo de resolver un adeudo, pero el porcentaje del estímulo es solo una parte del análisis.
Primero hay que determinar:
qué concepto integra el crédito;
si el adeudo corresponde a 2025 o antes;
en qué etapa se encuentra;
qué fecha límite aplica;
si existe un medio de defensa;
y si el contribuyente cae en alguna exclusión.
Dos contribuyentes con el mismo monto de deuda pueden tener procedimientos completamente distintos.
Además, que el estímulo pueda llegar a 100% de multas, recargos y gastos de ejecución no convierte el programa en una eliminación general de impuestos.
Por ahora no debe presentarse ninguna solicitud basada en estas reglas de 2027. La propuesta todavía debe pasar por el Congreso.
En Facturando seguiremos el proceso legislativo. Si el programa se aprueba, compararemos el texto definitivo con esta iniciativa y posteriormente prepararemos una guía práctica con el procedimiento y las reglas que publique el SAT.
Sigue los cambios fiscales que pueden afectar tus adeudos
Durante las próximas semanas continuaremos analizando las propuestas del Paquete Económico 2027 desde una perspectiva práctica para contadores, administradores y empresas.
También publicamos novedades fiscales en nuestro canal de YouTube de Facturando. Puedes suscribirte para recibir los próximos análisis sobre SAT, créditos fiscales, CFDI y nuevas disposiciones.
Los cambios RESICO 2027 propuestos para personas físicas incluyen un nuevo límite anual de $5 millones de pesos, la posibilidad de volver al régimen después de haber salido, una mayor exención para ciertas actividades del sector primario y una opción para calcular el IVA aplicando 7% sobre las contraprestaciones gravadas efectivamente cobradas.
El punto que más atención ha generado es el IVA al 7%, pero también es el que más fácilmente puede malinterpretarse. La propuesta no significa que los contribuyentes comenzarán a facturar IVA al 7% y tampoco garantiza que todos pagarán menos.
Para algunos profesionistas y negocios con poco IVA acreditable la opción puede resultar atractiva. Para otros, especialmente quienes tienen compras, gastos o inversiones importantes, podría producir un pago mayor que la mecánica actual.
Estado de la propuesta al 13 de septiembre de 2026: los cambios analizados en este artículo forman parte de iniciativas presentadas por el Ejecutivo al Congreso de la Unión. Todavía no están aprobados ni vigentes y pueden modificarse durante el proceso legislativo.
Cambios RESICO 2027: ¿qué se propone para personas físicas?
La iniciativa de reforma a la Ley del ISR propone aumentar de $3.5 a $5 millones de pesos el límite anual de ingresos para tributar como persona física en RESICO. El objetivo expuesto por el Ejecutivo es permitir que micronegocios, profesionistas independientes, pequeños comercios y otros contribuyentes puedan crecer sin abandonar automáticamente el régimen por superar el umbral actual.
Los principales cambios pueden resumirse así:
Concepto
Situación 2026
Propuesta 2027
Límite anual de ingresos
$3,500,000
$5,000,000
Tasa máxima de ISR
2.50%
2.50%
Salida por exceder el límite
Más de $3.5 millones
Más de $5 millones
Pagos RESICO previos a la salida
Sujetos a las reglas vigentes
Se precisarían como definitivos
Posibilidad de regresar
Existen restricciones
Se permitiría volver cumpliendo requisitos
Exención para sector primario
$900,000
$1,000,000
IVA
Mecánica general
Opción de pago definitivo al 7%
La propuesta no reduce la tasa máxima de ISR. Lo que hace es extender hasta $5 millones el rango al que puede aplicarse el 2.50%.
El límite de ingresos subiría de $3.5 a $5 millones
Dentro de los cambios RESICO 2027, el aumento del límite es probablemente el beneficio más fácil de entender.
Supongamos que una persona física obtiene durante el ejercicio $4,200,000 por servicios profesionales. Con el límite actual de $3.5 millones ese nivel de ingresos rebasa el máximo permitido. Si la reforma se aprobara en los términos propuestos, los $4.2 millones quedarían dentro del nuevo límite de $5 millones, siempre que se cumplan los demás requisitos del régimen.
La tasa máxima seguiría siendo de 2.50%; el cambio consiste en permitir que más contribuyentes permanezcan en RESICO.
¿Qué pasaría si durante el año se superan los $5 millones?
La iniciativa también propone precisar qué sucede cuando el límite se rebasa durante el ejercicio.
Concepto
Importe
Ingresos acumulados enero-agosto
$4,800,000
Cobro realizado en septiembre
$400,000
Total acumulado
$5,200,000
En este ejemplo el límite se supera en septiembre. La persona dejaría de tributar en RESICO a partir del mes siguiente, y los pagos realizados durante los meses en que permaneció dentro del régimen tendrían carácter definitivo.
Esto evita que el simple hecho de superar el límite obligue a recalcular automáticamente desde enero como si el contribuyente nunca hubiera tributado en RESICO.
Cambios RESICO 2027: también se permitiría volver al régimen
Otra propuesta importante consiste en eliminar la restricción que hoy puede impedir el regreso de contribuyentes que dejaron RESICO por determinados incumplimientos.
El proyecto plantea que puedan volver a tributar en el régimen cuando nuevamente cumplan los requisitos, se encuentren al corriente en sus obligaciones fiscales y sus ingresos estén dentro del nuevo límite.
Esto no significa que pueda utilizarse RESICO hasta alcanzar $5 millones y después tributar el resto del mismo ejercicio en otro régimen. La propia exposición de motivos rechaza esa interpretación.
Sector primario: la exención aumentaría a $1 millón
Para las personas físicas dedicadas exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, la iniciativa propone elevar de $900,000 a $1,000,000 el monto máximo de ingresos exentos de ISR.
Aquí conviene mantener una cautela.
La RMF 2026 establece actualmente que, cuando se superan los $900,000, el ISR se paga únicamente sobre los ingresos que exceden ese límite. La propuesta eleva el umbral legal a $1 millón, pero la aplicación operativa posterior seguirá dependiendo de las reglas que emita el SAT.
Por eso no conviene dar por hecho desde ahora que la RMF 2027 conservará exactamente la misma mecánica sobre el excedente.
Cambios RESICO 2027: ¿cómo funcionaría el IVA al 7%?
La iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2027 propone que las personas físicas y morales RESICO puedan optar por pagar mensualmente el IVA aplicando una tasa de 7% al monto total de las contraprestaciones gravadas efectivamente cobradas.
La clave está en distinguir dos cosas:
una es el IVA que se traslada al cliente y otra el IVA que se pagaría al SAT bajo esta opción.
No se facturaría IVA al 7%
Si una persona presta un servicio gravado al 16%, seguiría trasladando al cliente el IVA correspondiente a esa operación.
Por ejemplo:
Concepto
Importe
Servicio
$100,000
IVA trasladado al 16%
$16,000
Total del CFDI
$116,000
Base para la opción propuesta
$100,000
Pago calculado al 7%
$7,000
El CFDI continuaría mostrando $16,000 de IVA. Los $7,000 corresponderían al impuesto determinado mediante la facilidad propuesta.
Por tanto, uno de los cambios RESICO 2027 más importantes debe explicarse con precisión: IVA al 7% no significa facturar al 7%.
¿Qué pasaría con la diferencia entre el 16% trasladado y el 7% pagado?
En el ejemplo anterior existe una diferencia de $9,000:
IVA trasladado: $16,000.
IVA calculado bajo la opción: $7,000.
Diferencia: $9,000.
La iniciativa establece que esa diferencia no se consideraría ingreso para efectos del ISR.
Esto evita que el beneficio generado por la facilidad termine incrementando la base del impuesto sobre la renta.
El costo de la opción: se pierde el IVA acreditable
Esta es la parte que determinará si el esquema realmente conviene.
Quien elija el 7% no tendría derecho a acreditar el IVA trasladado por sus proveedores ni el IVA pagado en importaciones. En cambio, sí podría disminuir el IVA que le hubiera sido retenido durante el mes.
Actualmente, una persona física RESICO puede tener gastos que no reduzcan su ISR mensual pero cuyo IVA sí sea acreditable cuando se cumplen los requisitos correspondientes. En nuestro artículo ¿Comprar un auto es deducible? Límites de ISR e IVA en 2026 explicamos por qué ISR e IVA deben analizarse por separado.
Con la opción propuesta, ese IVA acreditable dejaría de disminuir el impuesto.
¿Cuándo podría convenir el 7%? Tres casos prácticos
Veamos una persona física con $100,000 mensuales de operaciones gravadas al 16%.
Para simplificar, asumimos que todos sus gastos están gravados al 16%, que todo el IVA cumple los requisitos para acreditarse, que los ingresos fueron efectivamente cobrados y que no existen retenciones ni importaciones.
Escenario
Gastos sin IVA
IVA acreditable
IVA con mecánica actual
Opción 7%
Resultado
Pocos gastos
$20,000
$3,200
$12,800
$7,000
7% ahorra $5,800
Punto de equilibrio
$56,250
$9,000
$7,000
$7,000
Mismo resultado
Gastos elevados
$70,000
$11,200
$4,800
$7,000
7% cuesta $2,200 más
Estos ejemplos muestran por qué los cambios RESICO 2027 no deben analizarse únicamente comparando 7% contra 16%.
Dos contribuyentes con exactamente los mismos ingresos pueden obtener resultados completamente distintos dependiendo de cuánto IVA acreditable generan sus operaciones.
¿De dónde sale el 56.25%?
En nuestro ejemplo existe una diferencia de nueve puntos entre el IVA trasladado al 16% y la opción de 7%.
Para generar $9 de IVA acreditable mediante gastos gravados al 16% se requieren $56.25 de gasto:
$9 ÷ 16% = $56.25
Por eso, bajo estos supuestos, el punto de equilibrio se encuentra aproximadamente en 56.25% de las ventas.
Pero ese porcentaje no es una regla universal. Puede cambiar cuando existen operaciones a tasa 0%, actividades exentas, IVA no acreditable, retenciones, importaciones, inversiones importantes o diferencias entre los periodos de cobro y pago.
Las retenciones también cambian el resultado
La iniciativa permite disminuir del IVA calculado al 7% el impuesto que hubiera sido retenido al contribuyente durante el mes.
Esto es especialmente relevante para ciertas personas físicas que prestan servicios o conceden el uso o goce temporal de bienes a personas morales. Si necesitas revisar cuándo existe esta obligación, puedes consultar nuestro artículo ¿Quiénes están obligados a retener IVA?.
Por eso una simulación útil debe incorporar ingresos, gastos, IVA acreditable y retenciones reales.
¿Qué pasaría con el IVA de 8% en la frontera?
Este es uno de los puntos que todavía no puede resolverse para 2027.
El tratamiento fronterizo actual no consiste técnicamente en una tasa legal de IVA de 8%, sino en un estímulo equivalente al 50% de la tasa general de 16% para quienes cumplen sus requisitos.
Un ejemplo hipotético permite entender por qué la respuesta importa. Si en 2027 coexistiera un traslado efectivo de 8% con la opción de pago de 7%, la diferencia sería solo de un punto. Si además las compras generaran IVA acreditable al 8%, el punto de equilibrio podría rondar 12.5% de las ventas, no 56.25%.
Esto es únicamente una simulación, no una regla aprobada para 2027.
Cambios RESICO 2027: requisitos de la opción del 7%
La propuesta también establece condiciones administrativas importantes:
Dentro de los 30 días siguientes al primer cobro del año
Contabilidad para PF
Relevo respecto de las operaciones comprendidas en la opción
CFDI
Deben emitirse y conservarse
Salida de RESICO
También termina la opción
Una vez elegida, la opción no podría modificarse durante el mismo ejercicio. Eso convierte la simulación previa en una decisión importante: no sería conveniente elegir el 7% únicamente porque parece menor que 16%.
¿No llevar contabilidad significa olvidarse de los comprobantes?
No.
La propuesta releva a las personas físicas que elijan la opción de 7% de llevar contabilidad respecto de esos actos o actividades, pero mantiene la obligación de emitir y conservar los comprobantes fiscales correspondientes.
Además, desde el punto de vista administrativo seguirá siendo útil controlar ingresos cobrados, compras, gastos, IVA soportado, retenciones e inversiones. Sin esos datos será difícil evaluar si la opción continúa siendo conveniente para ejercicios posteriores.
Hay un beneficio que ya existe en 2026
No todo lo que se está comentando sobre los cambios RESICO 2027 es realmente nuevo.
La RMF 2026 ya establece que los pagos mensuales de ISR de las personas físicas RESICO tienen carácter definitivo y que, por esos ingresos, quedan relevadas de presentar la declaración anual, con las excepciones previstas en las propias reglas.
La iniciativa 2027 sí modifica otros aspectos relacionados con la salida del régimen y el nuevo límite, pero no sería correcto presentar la existencia de pagos mensuales definitivos como una novedad absoluta de 2027.
¿A quién podría convenirle la opción de IVA al 7%?
La respuesta no depende solamente del nivel de ingresos.
Puede ser atractiva para profesionistas, consultores, desarrolladores de software y otros prestadores de servicios con márgenes altos y poco IVA acreditable.
Debe analizarse con más cuidado cuando existen compras importantes de mercancía, importaciones, inversiones frecuentes o gastos que generan cantidades relevantes de IVA acreditable.
La pregunta correcta no es:
“¿7% es menor que 16%?”
La pregunta correcta es:
“¿Cuánto IVA acreditable estaría renunciando a cambio de pagar 7% sobre mis operaciones efectivamente cobradas?”
¿Qué conviene hacer mientras sigue siendo una propuesta?
Ninguno de los cambios RESICO 2027 justifica hoy modificar la facturación, dejar de acreditar IVA o presentar avisos relacionados con esta facilidad.
Todavía estamos ante una iniciativa.
Lo que sí puede hacerse desde ahora es simular. Para ello conviene tomar los últimos 12 meses y obtener:
Ingresos efectivamente cobrados;
IVA trasladado;
Compras y gastos;
IVA acreditable;
Retenciones;
Importaciones;
Inversiones;
Saldos a favor.
Con esa información puede calcularse cuánto se habría pagado con la opción de 7% y compararlo contra la mecánica vigente.
Preguntas frecuentes sobre los cambios RESICO 2027
¿Ya está vigente el límite de $5 millones? No. Es una propuesta presentada al Congreso. El límite vigente no cambia hasta que exista una reforma aprobada, publicada y en vigor.
¿Los RESICO facturarían IVA al 7%? No. La propuesta exige seguir trasladando la tasa que corresponda a la operación. El 7% se utilizaría para determinar el pago mensual bajo la nueva facilidad.
¿El 7% siempre permitiría pagar menos IVA? No. La opción elimina el acreditamiento del IVA de proveedores e importaciones, por lo que puede ser favorable o desfavorable dependiendo de la estructura de gastos.
¿Se podría regresar a RESICO después de haber salido? La propuesta elimina restricciones para permitir el regreso cuando nuevamente se cumplan los requisitos y el contribuyente esté al corriente.
¿Qué sucederá con el IVA fronterizo en 2027? Todavía no puede saberse. Los decretos vigentes terminan el 31 de diciembre de 2026 y habrá que revisar si se prorrogan o sustituyen.
Lo importante será comparar antes de elegir
Los cambios RESICO 2027 propuestos para personas físicas amplían el régimen y ofrecen una alternativa de IVA que puede ser muy atractiva para determinados contribuyentes.
Pero el titular “IVA al 7%” no cuenta toda la historia.
No se facturaría automáticamente al 7%, no todos pagarían menos y elegir la facilidad significaría renunciar al IVA acreditable.
Por eso, si la propuesta avanza y finalmente se aprueba, la decisión debería basarse en las operaciones reales del contribuyente.
En conjunto, los cambios RESICO 2027 merecen seguimiento porque una modificación aparentemente simple en la forma de calcular el IVA puede producir resultados muy distintos según la estructura de cada actividad.
En Facturando seguiremos el proceso legislativo. Cuando el Congreso apruebe, modifique o rechace estas medidas, publicaremos un análisis independiente para comparar el resultado con la iniciativa y, posteriormente, otro artículo con las reglas definitivas que realmente aplicarán en 2027.
Sigue la evolución de RESICO 2027
Durante las próximas semanas continuaremos revisando el Paquete Económico 2027 y sus efectos prácticos para contribuyentes y contadores.
También publicamos explicaciones y novedades fiscales en nuestro canal de YouTube de Facturando. Puedes suscribirte para recibir los próximos análisis sobre RESICO, IVA, ISR, CFDI y SAT.
Si el SAT concluye un procedimiento del artículo 49 Bis en tu contra, determina que no desvirtuaste la presunción de falsedad de los CFDI y deja sin efectos tus certificados, no puedes simplemente generar otro sello. Para volver a facturar, primero debes corregir tu situación fiscal o subsanar las irregularidades detectadas y demostrarlo ante la autoridad.
La RMF 2026 y la ficha 43/CFF establecen la ruta para acreditar esa corrección y, si la respuesta del SAT es favorable, solicitar posteriormente un nuevo Certificado de Sello Digital (CSD).
¿Qué ocurre cuando el 49 Bis termina desfavorablemente?
Después de valorar las pruebas, el SAT puede determinar que el contribuyente no desvirtuó la presunción de falsedad. En ese supuesto, los CFDI observados se consideran falsos con efectos generales y las operaciones que amparan no producen ni produjeron efectos fiscales.
Además, el artículo 49 Bis remite al artículo 17-H, fracción XIII. Esta disposición contempla el supuesto en el que los certificados emitidos por el SAT quedan sin efectos cuando el emisor no desvirtuó la presunción de haber emitido comprobantes fiscales falsos. Puedes revisar este tratamiento en el .
En este punto ya no estamos ante la suspensión de emisión que existió durante la revisión. Ahora existe una resolución desfavorable y la empresa necesita recuperar la posibilidad de emitir CFDI. Si quieres entender qué ocurre con el certificado y la facturación mientras todavía se desarrolla la revisión, te recomendamos leer Artículo 49 Bis y CSD: qué pasa con tu facturación durante la revisión.
Si necesitas conocer el procedimiento desde su inicio, en nuestro artículo sobre el artículo 49 Bis explicamos la auditoría exprés, sus plazos y sus principales consecuencias.
¿Puedes solicitar otro CSD para volver a facturar?
No de inmediato.
La establece que quienes tengan un CSD dejado sin efectos por las fracciones X, XI, XII o XIII del artículo 17-H no pueden solicitar un nuevo certificado hasta subsanar las irregularidades que originaron la resolución y corregir totalmente su situación fiscal. La regla 2.2.4 agrega que, mientras el trámite no se resuelva a favor del contribuyente y no se tenga por corregida su situación o subsanadas las irregularidades, tampoco puede utilizar otra opción de expedición de CFDI prevista en reglas de carácter general.
Por eso, el primer paso no es generar otro sello, sino atender aquello que provocó que los certificados quedaran sin efectos.
¿Qué debes corregir antes de volver a facturar?
La ficha 43/CFF no contiene una receta exclusiva para los casos derivados del artículo 49 Bis. No establece que todos deban realizar exactamente las mismas acciones, como cancelar CFDI, presentar declaraciones complementarias o pagar una cantidad específica.
La corrección dependerá de lo que haya determinado la resolución concreta.
Antes de presentar la aclaración, conviene identificar:
¿Qué CFDI fueron determinados como falsos?;
¿Qué hechos o irregularidades dio por acreditados la autoridad?;
¿Qué aspectos de la situación fiscal requieren corrección?;
¿Qué acciones se realizaron para subsanarlos?;
y ¿Qué documentos permiten demostrarlo?.
La propia exige elementos probatorios que acrediten que las irregularidades fueron subsanadas o que soporten los hechos y circunstancias mediante los cuales se corrigió la situación fiscal.
Por eso, la resolución recibida debe ser el punto de partida para determinar qué corregir y cómo acreditarlo.
¿Cómo se presenta la aclaración 43/CFF?
Una vez realizada la corrección correspondiente, el contribuyente puede presentar la ficha 43/CFF mediante Mi portal del SAT.
La ficha pide identificar el número de oficio y la autoridad que emitió la resolución mediante la cual se dejó sin efectos el CSD. También deben exponerse los motivos de la aclaración y los argumentos con los que se considera corregida la situación o subsanadas las irregularidades.
Entre los documentos principales se encuentran:
la resolución administrativa mediante la cual se dejó sin efectos el CSD;
y los elementos probatorios que acrediten la corrección o subsanación.
No se trata simplemente de manifestar desacuerdo con la resolución. En este procedimiento, la aclaración sirve para acreditar que las causas que impedían obtener otro certificado ya fueron atendidas.
¿Cuánto tarda el SAT en resolver la aclaración?
El SAT puede solicitar información o documentación adicional dentro de los cinco días hábiles posteriores al registro del caso. Si lo hace, el contribuyente dispone de diez días hábiles para atender el requerimiento.
La autoridad debe emitir la resolución dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación de la aclaración o, cuando exista requerimiento, a partir de que éste sea atendido o venza el plazo correspondiente. Si el contribuyente no entrega la información solicitada dentro del plazo, el caso se tiene por no presentado. Esto no permite solicitar un nuevo CSD.
¿Qué pasa si la aclaración no es favorable?
Una respuesta desfavorable significa que todavía no puedes volver a facturar con un nuevo CSD.
Sin embargo, la regla 2.2.4 contempla que, cuando el caso de aclaración se resuelve de manera no favorable, el contribuyente puede, por única ocasión, presentar información y documentación para acreditar que subsanó las irregularidades o corrigió su situación fiscal.
Esto no representa una aprobación automática. La autoridad volverá a valorar lo presentado, por lo que los documentos y argumentos deben responder directamente a las causas que permanezcan sin solventar.
¿Cuándo puedes volver a facturar?
Una respuesta favorable a la 43/CFF todavía no reactiva automáticamente el certificado anterior.
La ficha establece que, tratándose de un CSD dejado sin efectos, si la autoridad otorga una respuesta favorable, el contribuyente puede solicitar la emisión de un nuevo Certificado de Sello Digital mediante la ficha 41/CFF, siempre que haya subsanado las irregularidades y, en su caso, los demás supuestos por los que se aplicó la medida.
La secuencia correcta es:
Secuencia para volver a facturar
Si varias autoridades dejaron sin efectos los certificados mediante resoluciones diferentes, debe presentarse una aclaración por cada resolución y solo podrá obtenerse un nuevo CSD después de corregir la totalidad de las irregularidades detectadas.
¿La aclaración 43/CFF sustituye un medio de defensa?
No. La 43/CFF está diseñada para informar y acreditar que la situación fiscal fue corregida o que las irregularidades fueron subsanadas.
Una resolución desfavorable del artículo 49 Bis no significa que una empresa nunca podrá volver a facturar, pero tampoco se soluciona generando inmediatamente otro sello.
La ruta prevista exige corregir o subsanar primero las causas que dejaron sin efectos el CSD, demostrarlo mediante la 43/CFF y obtener una respuesta favorable. Solo después puede solicitarse un nuevo certificado.
La parte más importante es no tratar la aclaración como un trámite genérico: la resolución del 49 Bis debe servir como guía para identificar qué corregir y qué pruebas aportar.
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Los problemas relacionados con CFDI y certificados pueden detener la operación de una empresa. Para mantenerte al día con cambios del SAT y explicaciones prácticas sobre facturación y cumplimiento fiscal, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube.
Cuando el SAT inicia una revisión conforme al artículo 49 Bis, puede ordenar la suspensión de CFDI desde la entrega o notificación de la orden. El contribuyente deja de poder facturar, pero no porque desde ese momento se le esté aplicando la restricción temporal del Certificado de Sello Digital (CSD) prevista en el artículo 17-H Bis.
La diferencia es importante: suspender la emisión de CFDI, restringir temporalmente el uso de un CSD y dejar un certificado sin efectos son situaciones distintas dentro del Código Fiscal de la Federación (CFF).
¿La suspensión de CFDI significa que suspendieron tu CSD?
No en el sentido del artículo 17-H Bis.
El artículo 49 Bis establece que, cuando la autoridad presume que los CFDI emitidos por un contribuyente son falsos, la orden de visita también debe ordenar la suspensión de su emisión. La disposición aclara expresamente que para esta medida no resulta aplicable el artículo 17-H Bis.
Por eso, decir simplemente “el SAT suspendió el CSD” puede generar una idea equivocada. Durante esta primera etapa, lo que jurídicamente queda suspendido es la emisión de CFDI del contribuyente.
Entonces, ¿por qué no puedes facturar si no es un 17-H Bis?
Porque la orden del 49 Bis actúa directamente sobre la capacidad de emitir comprobantes.
La medida no está redactada como una restricción a un número de certificado determinado. El CFF ordena suspender la emisión de CFDI mientras se desarrolla el procedimiento. Por eso, contar con otro CSD no debe interpretarse como una autorización para continuar facturando.
El CFF tampoco describe cuál es el estado técnico que el SAT muestra internamente para cada certificado durante esos días. No conviene afirmar que el CSD está “vigente”, “suspendido” o “bloqueado” si la propia norma no utiliza esos términos para esta etapa.
Lo relevante para la empresa es sencillo: no puede emitir CFDI mientras la suspensión siga vigente.
¿Cuánto puede durar la suspensión de CFDI?
El procedimiento debe concluir como máximo dentro de 24 días hábiles.
El contribuyente puede aportar pruebas durante la visita o dentro de los cinco días hábiles siguientes. Terminado ese plazo, la autoridad cuenta con quince días hábiles para emitir y notificar su resolución. El propio artículo 49 Bis establece expresamente estos plazos.
No significa que todas las revisiones duren exactamente 24 días; ése es el máximo previsto por el CFF. Durante ese periodo, una empresa puede seguir teniendo empleados, proveedores, clientes y obligaciones de pago, pero no emitir los comprobantes necesarios para documentar y cobrar normalmente sus operaciones.
¿Qué pasa si logras demostrar que los CFDI no son falsos?
Si el contribuyente desvirtúa la presunción, la autoridad debe dejar sin efectos la suspensión de CFDI.
En términos prácticos, puede volver a emitir comprobantes.
Aquí tampoco es necesario hablar de “reactivar el CSD”, porque el artículo 49 Bis describe el resultado de otra manera: se elimina la suspensión que impedía emitir CFDI.
¿Qué pasa si no logras desvirtuar la presunción?
Aquí sí cambia la situación.
Si la resolución determina que el contribuyente no desvirtuó la presunción, los CFDI observados se consideran falsos con efectos generales y las operaciones que amparan no producen ni produjeron efectos fiscales.
Además, el artículo 49 Bis remite expresamente al artículo 17-H, fracción XIII. Esa disposición contempla el supuesto en el que los certificados emitidos por el SAT quedan sin efectos cuando el contribuyente no desvirtuó la presunción de haber emitido comprobantes falsos.
La diferencia puede verse así:
Momento
Qué ocurre
Inicio y desarrollo del 49 Bis
Se suspende la emisión de CFDI; para esta medida no aplica el 17-H Bis
Resolución favorable
Se elimina la suspensión y el contribuyente puede volver a emitir CFDI
Resolución desfavorable
Entra el supuesto del artículo 17-H, fracción XIII, para que los certificados queden sin efectos
Éste es el punto donde comienza otro problema: si los certificados ya quedaron sin efectos, no basta con solicitar uno nuevo y continuar facturando.
En nuestra siguiente publicación explicaremos qué debe hacer el contribuyente después de una resolución desfavorable del 49 Bis para corregir su situación y, cuando proceda, volver a obtener un CSD.
Suspensión de CFDI, restricción y CSD sin efectos: no son lo mismo
Para recordar la diferencia:
Suspensión de la emisión de CFDI: es la medida que puede comenzar con la orden del artículo 49 Bis.
Restricción temporal del CSD: pertenece al procedimiento del artículo 17-H Bis y no es la figura utilizada para esa suspensión inicial.
CSD sin efectos: puede ocurrir después de una resolución desfavorable conforme al artículo 17-H, fracción XIII.
Entender estas etapas evita asumir que cualquier impedimento para facturar significa automáticamente que “el SAT canceló el sello”.
Conclusión
El artículo 49 Bis puede impedir que una empresa facture desde el inicio de la revisión, pero la suspensión de CFDI no debe confundirse con una restricción temporal del CSD conforme al artículo 17-H Bis.
Si el contribuyente desvirtúa la presunción, la suspensión termina y puede volver a emitir. Si la resolución es desfavorable, la situación cambia: entra el artículo 17-H, fracción XIII, y los certificados quedan en el supuesto para quedar sin efectos.
Saber en qué etapa se encuentra el contribuyente permite entender qué está ocurriendo y qué deberá hacer después.
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