Recibir la determinación de un crédito fiscal no significa que el SAT pueda embargar de inmediato. El procedimiento de ejecución comienza cuando el adeudo ya es exigible y no fue pagado o garantizado dentro del plazo aplicable. Saber en qué etapa se encuentra el caso permite reaccionar antes de que el cobro avance.
El procedimiento administrativo de ejecución (PAE) es el mecanismo que permite a la autoridad hacer efectivo un crédito fiscal mediante requerimiento de pago, embargo y, cuando corresponde, intervención o remate. No es una nueva auditoría: es la etapa de cobro de un adeudo que ya puede exigirse.
¿Cuándo puede iniciar el procedimiento de ejecución?
Como regla general, los créditos fiscales determinados por la autoridad deben pagarse o garantizarse, junto con sus accesorios, dentro de los 30 días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos su notificación.
Por eso, la existencia de un crédito no autoriza por sí sola un embargo inmediato. Antes de asumir que el PAE ya comenzó, conviene revisar cuándo surtió efectos la notificación, cuándo venció el plazo y si existe algún pago, garantía o suspensión aplicable.
El SAT explica en su orientación sobre requerimiento de pago y embargo que, vencido el plazo correspondiente sin cubrir o garantizar el adeudo, la autoridad puede iniciar acciones de cobro.
Si todavía no tienes claro si existe un crédito fiscal determinado o solo una obligación pendiente, en ¿Le debes al SAT? Cómo revisar adeudos, omisiones y créditos fiscales explicamos cómo distinguir esas situaciones antes de llegar a la etapa de cobro.
¿Qué ocurre durante el requerimiento de pago y el embargo?
Cuando el crédito ya es exigible, la autoridad puede requerir el pago. Si en ese acto el contribuyente no acredita haberlo efectuado, el artículo 151 del Código Fiscal de la Federación permite continuar de inmediato con el embargo de bienes suficientes para cubrir el crédito y sus accesorios.
El procedimiento de ejecución también puede recaer sobre depósitos bancarios. Otra posibilidad es embargar una negociación para obtener, mediante intervención, ingresos que permitan cubrir el adeudo.
Por ello, un mandamiento de ejecución requiere atención inmediata: hay que comprobar el origen del crédito, su importe, la fecha de exigibilidad y cualquier pago, garantía o medio de defensa relacionado.
¿Puede el contribuyente elegir qué bienes se embargan?
El artículo 155 del CFF reconoce a la persona con quien se practique la diligencia el derecho de señalar bienes para el embargo siguiendo un orden legal.
En términos generales, comienza con dinero y determinados depósitos; continúa con acciones, bonos, valores y ciertos créditos de fácil cobro; después considera otros bienes muebles y, finalmente, inmuebles.
Sin embargo, el ejecutor puede apartarse de ese señalamiento en los supuestos del artículo 156. Por ejemplo, cuando no se indiquen bienes suficientes, no se respete el orden previsto o se señalen bienes ubicados fuera de la circunscripción, ya gravados o con características que dificulten su realización.
La diferencia es importante: el contribuyente tiene derecho a señalar bienes, pero ese derecho no es absoluto.
¿Puede el SAT embargar una cuenta bancaria?
Sí. El CFF contempla el embargo de depósitos bancarios dentro del procedimiento de ejecución, pero eso no significa que una deuda produzca automáticamente el congelamiento de las cuentas.
Cuando existe un crédito exigible y se actualizan los supuestos legales, la autoridad puede ordenar el embargo o inmovilización correspondiente. El Código establece límites vinculados con el importe actualizado del crédito y sus accesorios.
En El SAT no congela cuentas bancarias de forma masiva explicamos por qué deben existir actuaciones y supuestos legales concretos antes de llegar a esa consecuencia.
¿Qué puede pasar después de un embargo?
El embargo no significa que los bienes se vendan en ese momento. Dependiendo de lo embargado y de cómo avance el expediente, pueden existir actos posteriores de valuación y, cuando corresponda, remate, enajenación o adjudicación.
Si se embarga una negociación, el CFF contempla la intervención para obtener ingresos destinados al pago del crédito. Si los bienes inicialmente embargados no son suficientes, la autoridad puede ampliar el embargo conforme a los supuestos legales.
A medida que avanza el procedimiento de ejecución, resulta más importante revisar el expediente completo y no únicamente la última actuación recibida.
¿Cómo puede evitarse que el procedimiento siga avanzando?
La forma de frenar o suspender el procedimiento de ejecución depende del caso. Entre las alternativas que pueden existir están pagar el adeudo, garantizar el interés fiscal cuando proceda, solicitar una modalidad de pago autorizada o impugnar la resolución mediante el medio de defensa correspondiente.
Presentar una defensa no siempre detiene por sí solo el cobro. Deben revisarse los requisitos de suspensión y garantía aplicables al medio utilizado y a la etapa en que se encuentre el crédito.
Durante 2026, la Ley de Ingresos de la Federación establece además una regla especial para quienes interpongan recurso de revocación conforme al CFF: en los supuestos previstos, disponen de seis meses desde la presentación del recurso para constituir la garantía; si se resuelve antes, cuentan con 10 días a partir de que surta efectos la notificación de la resolución.
Si se considera que la resolución es ilegal, puede ser útil revisar el recurso de revocación en línea ante el SAT.
¿Qué cambió en 2026 para garantizar el interés fiscal?
Las reglas cambiaron durante el mismo ejercicio. Desde el 10 de abril de 2026, el artículo 141 del CFF permite garantizar el interés fiscal mediante alguna de las formas previstas en la propia disposición, sin el orden obligatorio que estuvo vigente al inicio del año.
Actualmente se contemplan, entre otras modalidades, el billete de depósito, la carta de crédito, la prenda o hipoteca en los casos permitidos, la fianza, la obligación solidaria de un tercero y el embargo en la vía administrativa de determinados bienes o negociaciones.
La modificación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2026. Si el expediente comenzó antes de esa fecha o involucra una garantía constituida durante el periodo transitorio, debe revisarse de forma individual.
¿El pago en parcialidades puede influir en un embargo?
Cuando se cumplen los requisitos correspondientes, el CFF permite solicitar autorización para pagar contribuciones omitidas y sus accesorios en parcialidades o de forma diferida.
Si ya existen bienes embargados, obtener una autorización no implica automáticamente que queden liberados. Para 2026, la Resolución Miscelánea Fiscal contempla solicitar la liberación de determinados bienes previamente embargados una vez constituida una garantía suficiente a satisfacción de la autoridad.
Por ello, si el procedimiento de ejecución ya inició, debe considerarse tanto el adeudo como los actos de cobro que se hayan practicado.
¿Qué debe revisar el contador cuando llega un requerimiento?
Conviene reunir y comprobar al menos:
- la resolución que originó el crédito fiscal;
- la fecha en que fue notificada y aquella en que surtió efectos;
- el importe y sus accesorios;
- los comprobantes de pago, si existen;
- la garantía constituida y su vigencia;
- los medios de defensa presentados y la situación de la suspensión;
- los documentos recibidos durante el requerimiento o embargo;
- las notificaciones disponibles en el Buzón Tributario.
No conviene esperar hasta una eventual etapa de remate. Cuanto antes se determine si el crédito es correcto, si ya es exigible y qué actuaciones se han practicado, más claro será qué opciones siguen disponibles.
Resumen
Un crédito fiscal no implica automáticamente un embargo. Pero cuando vence el plazo aplicable y el adeudo se vuelve exigible, el SAT puede iniciar el requerimiento de pago y avanzar hacia medidas sobre bienes, cuentas o negociaciones.
Comprender el procedimiento de ejecución permite distinguir entre una deuda recién notificada y un cobro que ya está en marcha. Para el contador o administrador, la prioridad debe ser revisar fechas, documentos, pagos, garantías y medios de defensa antes de que el expediente avance.
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