SAT negó tu devolución manual: cómo cuidar los 30 días para defenderte

Si el SAT negó total o parcialmente una devolución manual, el problema ya no es el mismo que cuando una devolución automática no procede. En esta etapa existe una resolución de la autoridad y puede comenzar a correr un plazo para impugnarla. Identificar correctamente qué documento recibiste, cuándo fue notificado y qué parte del saldo fue negada puede ser decisivo.

PRODECON llamó la atención sobre este escenario el 13 de agosto de 2026. En una orientación dirigida a contribuyentes con una devolución manual negada o parcial, advirtió que existe un plazo de 30 días hábiles para promover el medio de defensa correspondiente.

La cifra de 30 días es importante, pero no conviene usarla como si existiera una fecha universal para todos los casos. Antes de contar, hay que distinguir la fecha de notificación, el momento en que ésta surte efectos y la vía de defensa que se pretende utilizar.

No es lo mismo un rechazo automático que una resolución de devolución manual

Una devolución automática que no procede puede llevar al contribuyente a revisar inconsistencias, solventarlas o presentar una solicitud mediante el Formato Electrónico de Devoluciones (FED), según corresponda.

El escenario de este artículo comienza después: el contribuyente ya presentó la solicitud manual y el SAT emitió una resolución que niega total o parcialmente la devolución.

Esa diferencia es relevante porque ya no estamos únicamente ante una inconsistencia del sistema o un resultado de la facilidad automática. Existe un acto formal de autoridad que debe revisarse antes de decidir el siguiente paso.

También conviene distinguir otros estados del trámite. Una solicitud tenida por no presentada, un desistimiento por no atender un requerimiento y una resolución que niega la devolución son situaciones distintas. No todas activan automáticamente el mismo análisis ni deben tratarse como si fueran equivalentes.

¿Qué ocurre si el SAT autoriza solo una parte?

El artículo 22 del Código Fiscal de la Federación permite que la autoridad devuelva una cantidad menor a la solicitada. Salvo los supuestos relacionados con errores aritméticos o de forma previstos en el propio artículo, la solicitud se considera negada por la parte que no fue devuelta y la autoridad debe fundar y motivar esa negativa.

Por ejemplo, si solicitaste $40,000 y el SAT autoriza $25,000, la controversia puede concentrarse en los $15,000 no autorizados.

Esto ayuda a entender por qué una devolución parcial también merece atención inmediata. No basta con comprobar que llegó un depósito: es necesario leer la resolución completa y conocer qué parte fue reconocida, cuál fue negada y por qué.

Devolución manual: ¿cuándo empiezan realmente los 30 días?

Aquí está uno de los puntos más delicados.

Para el recurso de revocación, el artículo 121 del Código Fiscal de la Federación establece un plazo de 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación. El propio SAT lo confirma en su ficha oficial del recurso de revocación.

A su vez, el artículo 135 del CFF dispone, como regla general, que las notificaciones surten efectos al día hábil siguiente de aquel en que fueron hechas.

Por eso no debe confundirse:

fecha de notificación → fecha en que surte efectos → primer día del plazo.

Si la resolución llegó por Buzón Tributario, tampoco debe tomarse simplemente la fecha del aviso enviado al correo o teléfono registrado. El CFF contiene reglas específicas para determinar cuándo se tiene por realizada la notificación electrónica.

En una devolución manual negada, conservar el acuse y la constancia de notificación es tan importante como conservar la propia resolución.

Si quieres revisar con más detalle cómo funcionan las fechas del Buzón, en Facturando explicamos por separado cuándo se habla de 3 días y cuándo de 20 días en una notificación.

¿Los 30 días son para presentar un recurso de revocación?

El recurso de revocación es una de las vías que pueden proceder contra una resolución definitiva que niega una devolución. El CFF contempla expresamente las resoluciones que niegan devoluciones y establece que el recurso es optativo antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Esto significa que no siempre es obligatorio presentar primero el recurso ante el SAT. Dependiendo del caso, también puede existir la posibilidad de acudir directamente al juicio contencioso administrativo.

La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece igualmente, como regla general, un plazo de 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada.

Aunque ambas vías utilizan un plazo de 30 días, no debe asumirse que siempre vencen exactamente en la misma fecha. El cómputo depende de los días inhábiles aplicables a cada vía.

Si necesitas entender mejor la primera alternativa, puedes consultar nuestra guía sobre el recurso de revocación en línea ante el SAT.

Un ejemplo muestra por qué no basta con sumar 30 días

Supongamos que una persona solicita manualmente una devolución de $40,000 y el SAT resuelve:

  • $25,000 autorizados;
  • $15,000 negados; y
  • resolución notificada el lunes 5 de octubre de 2026.

En este ejemplo, la notificación surtiría efectos el martes 6 de octubre y el primer día del plazo sería el miércoles 7 de octubre.

Si se calcula el recurso de revocación conforme a los días inhábiles aplicables al CFF y al SAT conocidos a esa fecha, el día 30 sería el miércoles 18 de noviembre de 2026.

Para un juicio ante el TFJA, el resultado puede cambiar porque el Tribunal tiene su propio calendario de días inhábiles. En 2026, por ejemplo, declaró inhábiles el 12 de octubre, el 2 de noviembre y el 16 de noviembre. Con esas fechas, en este ejemplo el día 30 sería el viernes 20 de noviembre de 2026. Puedes consultar el calendario oficial de días inhábiles 2026 del TFJA.

El ejemplo sirve para visualizar el problema. Antes de utilizar una fecha límite en un expediente real deben revisarse nuevamente la vía elegida, la forma de notificación y los días inhábiles vigentes.

¿Puedo corregir los documentos y volver a pedir la devolución?

Este es probablemente el punto que más cuidado requiere cuando ya existe una resolución.

Durante años podía parecer lógico pensar: “si faltó documentación, corrijo el expediente y presento otra solicitud”. Hoy esa respuesta no puede darse como regla general.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia 2a./J. 32/2025 (11a.), registro digital 2030763, que cuando la autoridad niega total o parcialmente una solicitud de devolución por cuestiones formales y esa resolución no se impugna, no es viable presentar nuevamente la misma solicitud subsanando las deficiencias o agregando nuevos elementos.

El criterio puede consultarse directamente en el Semanario Judicial de la Federación.

Esto cambia la decisión práctica ante una devolución manual. Dejar vencer la resolución puede tener consecuencias que no se solucionan simplemente presentando otro FED.

La jurisprudencia analiza un supuesto concreto, por lo que no debe extenderse automáticamente a un desistimiento, una solicitud tenida por no presentada o cualquier otro estado del trámite. La resolución recibida debe revisarse antes de decidir.

¿Qué conviene revisar antes de elegir un medio de defensa?

La respuesta depende del motivo exacto de la negativa, pero existe un grupo de documentos y datos que conviene tener a la vista:

  • resolución completa emitida por el SAT;
  • constancia o acuse de notificación;
  • fecha en que la notificación surtió efectos;
  • acuse de la solicitud de devolución manual;
  • requerimientos formulados por la autoridad y respuestas presentadas;
  • declaraciones relacionadas con el saldo;
  • CFDI, retenciones, pagos provisionales o documentación que el SAT haya cuestionado;
  • estados de cuenta y papeles de trabajo cuando sean relevantes; y
  • evidencia de los documentos que ya se entregaron durante el procedimiento.

No todos estos elementos serán necesarios en cualquier asunto. El punto es evitar una defensa genérica. Primero hay que conocer qué razón concreta utilizó la autoridad para negar la devolución y después reunir la documentación que permita controvertirla.

¿Qué pasa si dejo transcurrir el plazo?

No es correcto afirmar que al día 31 “se pierde para siempre el dinero” en todos los casos. Esa frase sería demasiado amplia.

Lo que sí debe tomarse en serio es que, si vence el plazo aplicable, pueden perderse los medios ordinarios para combatir esa resolución. Además, después del criterio obligatorio de la SCJN de 2025, tampoco debe asumirse que una negativa formal puede dejarse firme para después corregir la documentación y presentar nuevamente la misma devolución.

Por eso una devolución manual negada requiere una decisión temprana: revisar el expediente, identificar la fecha límite y determinar si la resolución debe impugnarse.

Presentar una aclaración o una queja tampoco debe utilizarse como sustituto automático del medio de defensa.

¿Cómo puede ayudarte PRODECON?

PRODECON ofrece servicios gratuitos de asesoría y, cuando se cumplen sus requisitos, puede brindar Representación y Defensa Legal para promover recursos administrativos, juicios de nulidad y, cuando corresponda, otros medios de defensa.

La propia orientación difundida en agosto de 2026 recomienda acudir a la Procuraduría una vez notificada la resolución. Para solicitar apoyo conviene llevar la resolución y su constancia de notificación, además de los antecedentes que permitan entender la solicitud y la causa de la negativa.

La representación no procede automáticamente en todos los asuntos. Existen reglas de competencia, cuantía y otros requisitos, por lo que lo recomendable es solicitar orientación cuanto antes y no esperar a que esté por vencer el plazo.

Antes de dejar correr los 30 días

Una resolución que niega total o parcialmente una devolución manual merece algo más que revisar el estatus del trámite. Hay que leer sus fundamentos, conservar la evidencia de notificación, determinar qué parte del saldo está en controversia y calcular correctamente el plazo de la vía que realmente se utilizará.

El punto más importante es no asumir que siempre habrá una segunda oportunidad para presentar la misma solicitud. Cuando ya existe una resolución definitiva, dejarla firme puede cambiar las alternativas disponibles.

Si trabajas habitualmente con trámites del SAT, CFDI y cumplimiento fiscal, puedes suscribirte al canal de YouTube de Facturando para mantenerte al día con cambios y recomendaciones prácticas.

RESICO, inversiones e intereses: ¿el SAT puede excluirte?

Si recibes intereses en RESICO, eso no te convierte automáticamente en socio o accionista ni obliga, por ese solo hecho, a abandonar el régimen. La aclaración es relevante porque PRODECON informó el 30 de septiembre de 2026 que detectó contribuyentes rechazados o dados de baja aparentemente por esa asociación.

La clave está en no usar la palabra “inversión” como si describiera una sola situación fiscal. Para saber si existe un riesgo real hay que revisar qué instrumento tiene la persona, qué ingreso produce y si existe o no una participación en una persona moral.

¿Los intereses en RESICO pueden sacarte del régimen?

El artículo 113-E de la Ley del ISR permite que una persona física tribute en RESICO y obtenga, además, ingresos de los capítulos I y VI del Título IV. El Capítulo VI corresponde a ingresos por intereses.

Por eso, los intereses en RESICO pueden coexistir con el régimen cuando se cumplen las demás condiciones legales. El mismo artículo mantiene un límite de 3.5 millones de pesos para los ingresos que deben considerarse conforme a esa disposición.

La Resolución Miscelánea Fiscal también reconoce esa convivencia: para la declaración anual, el impuesto correspondiente a los ingresos de los capítulos I y VI se determina de manera independiente al de las actividades que tributan en RESICO.

En otras palabras, recibir intereses no es, por sí mismo, una causal de exclusión.

¿Qué fue lo que PRODECON puso sobre la mesa?

PRODECON informó que conoció casos de personas físicas con inversiones y rendimientos como intereses a quienes se les negó la incorporación al RESICO porque aparentemente fueron consideradas socios o accionistas de personas morales. También identificó personas que ya estaban en el régimen y fueron dadas de baja bajo la misma consideración.

Ante esa situación, la Procuraduría preguntó al SAT cuáles eran las razones y fundamentos para relacionar ambas condiciones y qué podía hacerse cuando el contribuyente acreditara que no tenía las características propias de un socio o accionista.

La respuesta del SAT es el dato central: sus sistemas institucionales relacionados con el RFC no contemplan un procedimiento que vincule automáticamente ser inversionista o percibir intereses con ser socio o accionista.

La autoridad también confirmó que el artículo 113-E permite obtener ingresos por intereses y permanecer en RESICO dentro de las condiciones aplicables. Sin embargo, no declaró que todos los rechazos o bajas detectados fueran incorrectos; señaló que debe revisarse cada caso para conocer la causa concreta.

El filtro útil: ingreso, instrumento y vínculo societario

Para revisar intereses en RESICO conviene separar tres preguntas.

¿Qué ingreso recibió la persona? Si jurídicamente se trata de intereses del Capítulo VI, existe una compatibilidad expresa en el artículo 113-E.

¿Qué instrumento generó ese rendimiento? Una inversión puede consistir en deuda, depósitos u otros instrumentos que generan intereses, pero también puede representar acciones o una participación en una sociedad.

¿Existe una relación como socio o accionista? Esta pregunta es distinta de la anterior. Ser socio o accionista implica una participación jurídica en una persona moral; recibir intereses, por sí mismo, no acredita esa condición.

Esta distinción explica por qué no es correcto concluir que todo inversionista está fuera del RESICO. Pero también evita el error contrario: afirmar que cualquier producto llamado “inversión” es compatible con el régimen.

Intereses, acciones y dividendos no son lo mismo

Este punto merece especial cuidado.

Una inversión que produce intereses puede ubicarse en el supuesto que el artículo 113-E permite expresamente. Comprar acciones, en cambio, obliga a analizar si existe la calidad de accionista. Los dividendos corresponden a otra categoría de ingreso y la ganancia por vender acciones tiene reglas fiscales propias.

Por ello, la respuesta comunicada por el SAT a PRODECON sobre intereses en RESICO no debe utilizarse como una autorización general para comprar acciones, recibir dividendos o realizar cualquier operación financiera sin revisar sus efectos.

Tampoco encontramos una disposición oficial que permita afirmar, de forma general, que comprar pocas acciones en bolsa deja de convertir al titular en accionista para efectos del RESICO. Ese supuesto merece un análisis separado.

La diferencia es importante porque el artículo 113-E establece como regla general una restricción para socios, accionistas o integrantes de personas morales, aunque la RMF prevé excepciones específicas para determinados casos.

En Facturando ya explicamos otros requisitos y riesgos para tributar en RESICO, incluidos varios supuestos que pueden impedir permanecer en el régimen.

¿Cuándo sí debes revisar una posible incompatibilidad?

Además de la restricción general para socios, accionistas, integrantes de personas morales y partes relacionadas, el artículo 113-E contempla otros impedimentos. Entre ellos se encuentran los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México, quienes obtienen ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes y quienes perciben determinados ingresos previstos en las fracciones III a VI del artículo 94.

También hay que vigilar el límite de ingresos. Que existan intereses en RESICO permitidos por la ley no significa que puedan ignorarse al verificar el monto máximo aplicable.

Por otra parte, la RMF contiene excepciones para ciertos socios o accionistas. Son supuestos específicos y deben revisarse contra sus requisitos; no conviene extenderlos a situaciones parecidas únicamente por analogía.

Si el SAT ya cambió tu régimen, no empieces por vender la inversión

Si el SAT rechazó tu incorporación o te dio de baja, el primer paso no debería ser vender un instrumento financiero ni cambiar voluntariamente de régimen sin conocer la causa.

Primero revisa qué aparece en tu RFC y en tu Constancia de Situación Fiscal, qué acto o aviso recibiste, qué tipo de instrumento tienes y qué documento emitió la institución financiera sobre el rendimiento. El objetivo es identificar si el problema realmente está relacionado con la inversión o si existe otra condición de RESICO que la autoridad consideró incumplida.

La RMF prevé una aclaración cuando los sistemas del RFC asignan obligaciones fiscales que el contribuyente considera distintas de las que le corresponden. También existe un procedimiento específico para ciertos casos relacionados con las excepciones aplicables a socios o accionistas.

PRODECON invitó expresamente a quienes reciben intereses y fueron rechazados o dados de baja a solicitar orientación para conocer sus alternativas. Dependiendo de la situación, puede intervenir mediante sus distintos servicios de asesoría, queja y defensa.

Si ya existe un acto formalmente notificado, conviene revisar de inmediato los plazos y medios de defensa. Una aclaración o una queja no debe asumirse como sustituto de un recurso ni como una actuación que detenga automáticamente esos plazos.

¿Qué cambió realmente el 30 de septiembre de 2026?

No cambió la Ley del ISR.

La posibilidad de recibir intereses en RESICO ya estaba prevista en el artículo 113-E. La Ley del Impuesto sobre la Renta vigente muestra que su última reforma publicada es del 1 de abril de 2024, por lo que la publicación de PRODECON no corresponde a una reforma reciente que haya creado este beneficio.

Tampoco se trata de una nueva jurisprudencia que autorice cualquier inversión para quienes tributan en RESICO.

Lo novedoso es que PRODECON hizo visible una problemática concreta, consultó al SAT y difundió una respuesta que permite descartar una idea equivocada: percibir intereses no debe equipararse automáticamente con ser socio o accionista.

Antes de tomar una decisión, identifica qué tienes realmente

Si percibes intereses en RESICO, revisa el instrumento que los genera, la documentación de la institución financiera, tus ingresos acumulados para el límite aplicable y cualquier posible participación societaria.

Si ya hubo un rechazo o una baja, identifica primero la causa que registró la autoridad y conserva los documentos que permitan demostrar tu situación. La respuesta puede ser una aclaración sencilla o requerir una estrategia de defensa, pero no debería partir de asumir que “tener inversiones” equivale automáticamente a estar fuera del régimen.

Para continuar al día sobre RESICO, cambios del SAT y otros temas fiscales, suscríbete al canal de YouTube de Facturando. También llevaremos este tema al canal para explicar con ejemplos la diferencia entre intereses, acciones y dividendos.

Depósitos y retiros de $140,000: ¿qué cambia al operar en efectivo en el banco?

Desde el 1 de julio de 2026, las operaciones en efectivo por $140,000 o más realizadas en sucursal están sujetas a controles reforzados de identificación. Si una persona acude a depositar o retirar ese monto, el banco debe identificar a quien realiza físicamente la operación, aunque no sea el titular de la cuenta.

El cambio ha generado confusión porque muchas personas lo relacionan con el conocido umbral de $15,000 de depósitos en efectivo que las instituciones financieras reportan al SAT. Sin embargo, son medidas distintas, con objetivos y formas de cálculo diferentes.

¿Qué cambia en las operaciones en efectivo desde $140,000?

La Asociación de Bancos de México (ABM) recomendó a sus instituciones asociadas reforzar la identificación de quienes depositen o retiren efectivo a partir de $140,000. La medida forma parte de las acciones del sector bancario para fortalecer la prevención de lavado de dinero y mejorar la trazabilidad de operaciones de alto monto.

En la práctica, la persona que acude a la sucursal debe estar preparada para acreditar su identidad. La ABM explicó posteriormente que cada institución puede definir si solicita únicamente una identificación oficial o si incorpora también una validación biométrica.

Por ello, los requisitos concretos pueden variar entre bancos. Antes de realizar una operación importante conviene confirmar qué documentos o validaciones solicita la institución.

¿Por qué conviene tener actualizados tus datos en el banco?

Este punto tiene un efecto práctico. Si tu identificación está vencida, tus datos no coinciden con el expediente del banco o la institución necesita actualizar o volver a capturar información biométrica, el proceso puede requerir pasos adicionales y tomar más tiempo.

Eso no significa que exista una sanción automática por tener información desactualizada. El problema es operativo: el banco necesita poder verificar correctamente la identidad antes de concluir determinadas operaciones en efectivo.

Si sabes que realizarás un depósito o retiro de alto monto, revisar previamente tu identificación y tus datos bancarios puede evitar contratiempos en ventanilla.

$140,000 y $15,000 no son el mismo límite

La diferencia es importante porque ambos montos están relacionados con dinero en efectivo, pero responden a reglas distintas.

Tema$140,000Más de $15,000
¿Qué se controla?Identificación de quien realiza la operaciónInformación de depósitos en efectivo que recibe el SAT
¿Cómo se calcula?Por una operación de depósito o retiro desde $140,000Monto acumulado mensual de depósitos en efectivo en una misma institución
¿A quién se identifica o reporta?A quien acude a realizar la operaciónAl titular de las cuentas donde se reciben los depósitos
¿Genera un impuesto automáticamente?NoNo

El SAT explica que las instituciones del sistema financiero deben informar los depósitos en efectivo cuando el monto mensual acumulado en las cuentas de un contribuyente dentro de una misma institución exceda de $15,000.

Si quieres profundizar en esa regla, en Facturando explicamos cuándo deben reportarse los depósitos bancarios en 2026 y cómo se diferencian del uso de transferencias electrónicas.

¿La medida de $140,000 aplica a transferencias electrónicas?

No en los mismos términos. El control anunciado por la ABM se enfoca en depósitos y retiros de efectivo realizados en sucursal. Las transferencias electrónicas cuentan con otros mecanismos de identificación y seguridad.

Además, para la obligación informativa relacionada con los $15,000, el SAT aclara cómo funciona la declaración de depósitos en efectivo. Las transferencias electrónicas, los traspasos entre cuentas, los títulos de crédito y otros sistemas pactados con instituciones financieras no se consideran depósitos en efectivo para esa obligación específica.

Por eso, tampoco sería correcto afirmar que una transferencia de $140,000 activa automáticamente este procedimiento de identificación en ventanilla.

¿Qué cambia en las cuentas concentradoras?

La ABM también recomendó que los depósitos realizados en cuentas concentradoras de bancos y entidades financieras sean referenciados. Este tipo de cuentas permite recibir recursos de diferentes personas o conceptos, por lo que una referencia facilita identificar el origen y destino de cada depósito.

Es una medida complementaria orientada a mejorar la trazabilidad, pero no cambia por sí misma el tratamiento fiscal del dinero depositado.

¿Qué conviene revisar antes de realizar una operación?

Si vas a realizar operaciones en efectivo de alto monto, puedes reducir contratiempos con algunas medidas sencillas:

  • Lleva una identificación oficial vigente
  • Confirma previamente los requisitos de tu banco
  • Revisa que tus datos de contacto y expediente estén actualizados;
  • Si la institución utiliza biométricos, verifica si requiere alguna actualización o nueva captura
  • Conserva la documentación que explique el origen y motivo de los recursos cuando corresponda.

Esta última recomendación también resulta útil desde el punto de vista contable y fiscal, especialmente cuando los movimientos bancarios deben conciliarse con ingresos, préstamos, aportaciones u otras operaciones registradas.

Evita confundir un control bancario con una obligación fiscal

El cambio de $140,000 no sustituye la regla de $15,000 ni crea un nuevo impuesto. Se trata de un control reforzado de identificación para determinadas operaciones en efectivo, mientras que el umbral de $15,000 corresponde a una obligación informativa de las instituciones financieras ante el SAT.

Para empresas, contadores y administradores, la mejor prevención consiste en separar ambos conceptos, mantener actualizada la información bancaria y documentar correctamente los movimientos relevantes.

Mantente al día con cambios bancarios y fiscales

Las reglas operativas de los bancos y las obligaciones fiscales no siempre tienen el mismo origen ni producen los mismos efectos. En el canal de YouTube de Facturando compartimos explicaciones prácticas para ayudarte a distinguir estos cambios y aplicarlos correctamente.

¿Qué pasa cuando las autoridades empiezan a cruzar tu información?

Cada vez generamos más información: CFDI, declaraciones, transferencias, registros administrativos y datos que distintas autoridades conservan dentro de sus propias bases. El cambio importante no es solo que esos datos existan, sino que el cruce de datos y las herramientas tecnológicas permiten relacionarlos con mayor rapidez.

El 22 de septiembre de 2026, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) firmaron un convenio para fortalecer el intercambio y análisis de información. El acuerdo contempla información financiera, patrimonial, fiscal, presupuestaria, contable, administrativa y societaria.

¿Por qué importa el cruce de datos?

El convenio prevé utilizar herramientas tecnológicas y explotación de bases de datos para desarrollar productos de inteligencia, modelos de riesgo y mecanismos de análisis conjunto.

Esto no significa que todas las autoridades tengan acceso ilimitado a cualquier dato. Cada institución actúa dentro de sus facultades y los convenios tienen objetivos específicos. Lo relevante es que el cruce de datos puede hacer que información antes analizada por separado adquiera mayor valor cuando se relaciona con otras fuentes.

Un dato aislado puede decir poco. Varios datos colocados uno junto a otro pueden revelar inconsistencias, coincidencias o patrones difíciles de detectar manualmente.

En materia fiscal esta lógica ya es conocida. El SAT compara información procedente de CFDI, declaraciones, DIOT, pagos y otras fuentes. En Facturando explicamos este fenómeno en El ecosistema de vigilancia del SAT: DIOT, CFDI y fiscalización 2026.

La tecnología amplía lo que puede analizarse

México también está desarrollando Coatlicue, una supercomputadora pública cuyo uso previsto incluye el procesamiento de grandes volúmenes de datos de aduanas y facturas para prevenir actos de corrupción y evasión fiscal.

El 24 de septiembre de 2026, el Gobierno informó que su construcción comenzará en octubre y que se prevé que esté lista en 2028. Su importancia para este tema está en mostrar hacia dónde puede avanzar el cruce de datos cuando existen herramientas capaces de procesar información a una escala mucho mayor.

¿Y lo que publicamos en redes sociales?

Aquí aparece una posibilidad que no conviene ignorar.

Muchas personas publican fotografías de viajes, automóviles, inmuebles, compras, eventos, negocios y otros aspectos de su vida cotidiana. Esa información forma parte de la huella digital que dejamos en internet.

No existe evidencia de que el convenio UIF–ASF establezca que Facebook, Instagram u otras redes sociales vayan a utilizarse para fiscalizar de manera general a los contribuyentes. Tampoco sería correcto afirmar que el SAT revisa actualmente las fotografías de vacaciones de cada persona para compararlas con sus declaraciones.

Sin embargo, las redes sociales y las fuentes abiertas ya se utilizan en otros ámbitos de la administración pública. En agosto de 2026, la SSPC informó que su área de inteligencia realiza monitoreo de redes sociales y fuentes abiertas para identificar incidentes y generar líneas de investigación, además de utilizar inteligencia artificial para procesar grandes volúmenes de información e identificar patrones.

Esto no demuestra que el SAT utilice hoy el mismo mecanismo para una fiscalización tributaria general. Sí demuestra que analizar información pública de internet es técnicamente posible y ya forma parte de determinadas tareas oficiales.

Por ello, no puede descartarse que en ciertos contextos futuros la información pública de internet pueda relacionarse con otras fuentes. El cruce de datos abre posibilidades que hace algunos años habrían requerido mucho más tiempo y trabajo manual.

El verdadero riesgo está en las inconsistencias

Para una empresa o un contribuyente, el mensaje no debería ser vivir con miedo a cada base de datos. La mejor prevención sigue siendo que CFDI, declaraciones, contabilidad, movimientos financieros y documentación de respaldo sean coherentes y puedan explicarse.

Cuando el SAT encuentra diferencias entre lo declarado y la información disponible en sus bases, existen mecanismos para solicitar que el contribuyente revise o aclare esas inconsistencias. Puedes profundizar en este punto en nuestra guía Carta invitación de vigilancia profunda del SAT: ¿Cómo atenderla sin entregar de más?.

Conforme mejora el cruce de datos y crece la capacidad para procesar información, también aumenta la posibilidad de encontrar diferencias que antes podían permanecer aisladas.

Cuando todas las piezas se colocan juntas

El convenio entre la UIF y la ASF no significa que las autoridades sepan todo sobre todos. Sí muestra una dirección clara: mayor coordinación institucional, mejores herramientas tecnológicas y más capacidad para encontrar relaciones entre información que antes podía permanecer separada.

El cruce de datos no cambia la regla básica: cada CFDI, declaración o registro debe ser correcto por sí mismo, pero también debe tener sentido cuando se compara con el resto de la información disponible.

La pregunta preventiva ya no es únicamente “¿este dato está bien?”, sino también: ¿todos mis datos cuentan la misma historia cuando alguien coloca las piezas una junto a otra?

Sigue estos cambios de cerca

Para mantenerte actualizado sobre SAT, CFDI, fiscalización y temas de interés para contadores y empresas, puedes suscribirte al canal de YouTube de Facturando.

¿Contratas Zoom, Adobe o servicios digitales extranjeros? Revisa el comprobante antes de deducir

Contratar servicios digitales extranjeros es algo cotidiano para muchas empresas mexicanas. Zoom, Adobe, Canva, Microsoft, Slack y otras plataformas pueden cobrar IVA en México aunque la empresa que presta el servicio se encuentre fuera del país. El problema aparece cuando llega el comprobante: no hay XML ni CFDI mexicano, solamente un PDF. ¿Ese documento sirve para efectos fiscales?

El tema cobró actualidad porque el SAT publicó el 18 de septiembre de 2026 el listado correspondiente al cuarto bimestre del año. Con corte al 31 de agosto aparecen 289 prestadores de servicios digitales inscritos en el RFC, cuatro altas y una baja respecto del listado anterior.

¿Qué empresas aparecen en la lista de servicios digitales extranjeros?

El listado oficial publicado en el DOF permite consultar razón social, nombre comercial, país de origen, fecha de inscripción y RFC.

Entre los nombres conocidos aparecen Adobe, Airbnb, diferentes entidades de Amazon, Apple, Canva, Microsoft, Midjourney, Slack, Spotify, Uber y Zoom. Esto no significa que todos sus productos tengan exactamente el mismo tratamiento fiscal, pero sí que determinadas entidades están inscritas bajo el régimen mexicano de servicios digitales.

Para el departamento de cuentas por pagar de tu empresa, la lista permite verificar con quién se contrató realmente. No basta con reconocer la marca: conviene comparar la razón social del comprobante con la entidad registrada ante el SAT.

¿Un proveedor extranjero debe entregarte un CFDI?

No necesariamente.

Los residentes en el extranjero sin establecimiento en México que prestan servicios digitales extranjeros bajo este régimen no están obligados a emitir el mismo CFDI con XML que expide un contribuyente residente en México.

La regla 12.1.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026 establece que, cuando el receptor lo solicite, el proveedor debe enviar electrónicamente un comprobante en formato PDF con el IVA trasladado de forma expresa y por separado.

Por eso, no recibir un XML no convierte automáticamente el gasto en no deducible. Primero hay que identificar al proveedor y comprobar que el documento reúna los requisitos aplicables.

¿Qué debe contener el PDF?

Para su uso en México, el comprobante debe permitir identificar correctamente la operación. Entre los datos mínimos se encuentran:

  • Razón social del proveedor
  • Ciudad y país de expedición
  • Registro tributario del emisor
  • Precio del servicio antes de IVA
  • IVA trasladado
  • Concepto o descripción del servicio
  • Fecha de expedición y periodo que ampara
  • RFC del receptor mexicano.

Para el área contable hay un punto especialmente importante: el RFC del cliente debe aparecer en el comprobante. Conviene configurar correctamente los datos fiscales dentro de la plataforma antes de efectuar nuevas compras.

Zoom: un ejemplo práctico

Zoom aparece en el listado vigente como Zoom Communications, Inc., con nombre comercial Zoom Video Communications, Inc. y RFC ZVC110421C76.

La propia compañía explica en su información fiscal para México que está registrada bajo el régimen aplicable a prestadores extranjeros y que no está obligada a emitir la factura electrónica mexicana utilizada por contribuyentes residentes en el país.

Zoom permite registrar el RFC mexicano para que aparezca en las facturas posteriores. También señala que no vuelve a emitir facturas históricas únicamente para agregar un RFC que no se había capturado.

Si una empresa utiliza esta plataforma, vale la pena revisar la información de Zoom sobre IVA en México y comprobar los datos fiscales antes del cierre contable.

¿Los servicios digitales extranjeros pueden ser deducibles para ISR?

El gasto puede ser deducible, pero el PDF no lo vuelve deducible por sí mismo.

La regla 2.7.1.14 de la RMF permite utilizar comprobantes emitidos por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México para deducir o acreditar fiscalmente, siempre que contengan los datos exigidos por esa regla.

Además, deben cumplirse los requisitos correspondientes al contribuyente. Para una persona moral del régimen general, por ejemplo, el artículo 27 de la Ley del ISR exige, entre otros puntos, que las deducciones sean estrictamente indispensables, estén registradas en contabilidad y se cumplan las obligaciones aplicables a pagos al extranjero.

Por eso no sería correcto afirmar que “todo pago a Zoom es deducible”. Una licencia utilizada para las actividades de la empresa puede tener un tratamiento distinto de un servicio para fines personales o de un gasto que no reúna los demás requisitos fiscales. También importa el régimen del contribuyente, porque no todos determinan el ISR aplicando deducciones de la misma forma.

¿El IVA del PDF puede acreditarse?

El artículo 18-F de la Ley del IVA establece una regla específica para estos servicios. Permite al receptor acreditar el IVA que le sea trasladado expresamente y por separado, siempre que cumpla los demás requisitos de la ley. Para este supuesto no se exige el CFDI mexicano; se utiliza el comprobante previsto para el prestador extranjero.

Supongamos que una empresa recibe de Zoom un comprobante por:

  • Servicio: $1,000
  • IVA: $160
  • Total pagado: $1,160

Los $160 de IVA podrían ser acreditables, pero no de manera automática. Debe revisarse que la operación cumpla los requisitos de la Ley del IVA y que el gasto tenga el tratamiento fiscal correspondiente.

La diferencia es importante: el gasto se analiza para efectos de deducción del ISR y el impuesto trasladado se analiza para efectos de acreditamiento del IVA.

¿Qué pasa si el proveedor no aparece en el listado?

Primero hay que determinar si realmente se trata de uno de los servicios digitales previstos por la Ley del IVA. No todo software, consultoría o servicio prestado por Internet entra automáticamente en este régimen.

Cuando sí estamos ante servicios digitales extranjeros sujetos a estas disposiciones y el proveedor no aparece registrado, el tratamiento puede cambiar y el receptor mexicano puede tener obligaciones relacionadas con la importación del servicio.

En nuestro artículo ¿Una empresa SaaS extranjera debe registrarse ante el SAT? explicamos cómo determinar si el proveedor entra en este régimen y qué obligaciones tiene frente al SAT.

Checklist antes de registrar el gasto

Antes de contabilizar un pago de servicios digitales extranjeros, conviene comprobar:

  • Qué razón social emitió el comprobante
  • Si esa entidad aparece en el listado vigente del SAT
  • Que el RFC de tu empresa esté correctamente capturado
  • Que el servicio esté descrito
  • Que el importe antes de IVA y el impuesto aparezcan separados
  • Que el periodo y la fecha sean identificables
  • Que el comprobante se conserve junto con la evidencia del pago
  • Que se revisen por separado la deducción para ISR y el acreditamiento del IVA.

El objetivo no es rechazar cualquier factura extranjera que no tenga XML. Lo importante es identificar el régimen aplicable y conservar la documentación que realmente exige la operación.

Antes de pagar, revisa algo más que la marca

Que una plataforma conocida cobre IVA no significa que deba emitir un CFDI mexicano. En los servicios digitales extranjeros, el comprobante puede ser un PDF válido para efectos fiscales cuando cumple las reglas aplicables.

Para contabilidad y cuentas por pagar, una revisión antes del pago puede evitar dos errores frecuentes: rechazar un comprobante válido por no tener XML o, en el extremo contrario, deducir y acreditar impuestos únicamente porque el proveedor envió un PDF.

Si quieres mantenerte al día sobre cambios del SAT, CFDI e impuestos, puedes suscribirte al canal de YouTube de Facturando, donde compartimos explicaciones prácticas para contadores y empresas.

Paquete Económico 2027: otros cambios fiscales que debes conocer

El Paquete Económico 2027 incluye otros cambios fiscales y legales que pueden afectar a empresas, inversionistas, librerías, organizaciones sin fines de lucro, propietarios de inmuebles y negocios que utilizan pagos digitales.

En nuestra primera guía del Paquete Económico 2027 reunimos los cambios de mayor alcance en RESICO, deducciones, anticipos, pagos al extranjero, intereses, combustibles, plataformas, regularización, retorno de capitales y retención sobre intereses.

Esta segunda parte agrupa nueve propuestas adicionales. Cada tema ya cuenta con un análisis especializado para que puedas profundizar únicamente en los cambios que realmente te afecten.

Estado al 21 de septiembre de 2026: las medidas descritas siguen dentro del proceso legislativo. Todavía no deben tratarse como reglas definitivas para 2027.

Otros cambios fiscales 2027: panorama de esta segunda parte

TemaCambio propuestoPrincipal interesado
CUFIN y CUCANuevas reglas para capitalizaciones y costo fiscalPersonas morales
Grupos de sociedadesEliminación del régimen opcionalGrupos empresariales
Plan México y PolosContinuidad de estímulosEmpresas con inversiones
LibreríasIVA a tasa 0% bajo requisitosLibrerías y distribuidores
Oferta pública inicialISR de 10% en ciertos casosAccionistas y emisoras
Fines no lucrativosPrograma especial de verificaciónEntidades del Título III
Economía DigitalPagos electrónicos e identidad digitalNegocios y usuarios
Ley CatastralClave Única y plataforma nacionalPropietarios y autoridades
Derechos federalesCambios de cuotas por sectorEmpresas reguladas

CUFIN y CUCA: capitalizaciones y costo fiscal de acciones

La propuesta modifica el tratamiento de determinadas erogaciones, pasivos capitalizados y aportaciones mediante cuentas por cobrar, con posibles efectos en CUFIN, CUCA y costo fiscal de las acciones.

Consulta el análisis: CUFIN y CUCA 2027: qué cambia en capitalizaciones y acciones.

Grupos de sociedades: se propone eliminar el régimen opcional

Entre los otros cambios fiscales destaca la posible derogación del régimen opcional para grupos de sociedades. Los contribuyentes que permanezcan en él al cierre de 2026 tendrían que revisar la desintegración fiscal y el ISR diferido pendiente.

Consulta: Régimen opcional para grupos de sociedades: propuesta para eliminarlo en 2027.

Plan México y Polos de Desarrollo: continuidad de estímulos

La iniciativa busca incorporar a disposiciones temporales de la Ley del ISR diversos estímulos que hoy existen mediante decretos. Dependiendo del programa, pueden existir deducciones inmediatas y beneficios por capacitación o innovación.

Consulta: Plan México y Polos de Desarrollo 2027: qué estímulos fiscales continuarían.

Librerías: IVA a tasa 0%

Para librerías y distribuidores se propone sustituir el estímulo actual de ISR por IVA a tasa 0% cuando al menos 90% de los ingresos provengan de libros, periódicos y revistas. El cambio puede modificar el acreditamiento del IVA pagado en gastos e inversiones.

Consulta: IVA para librerías 2027: tasa 0% y acreditamiento del impuesto.

Oferta pública inicial: ISR de 10%

La propuesta recuperaría una tasa de ISR de 10% para determinadas ventas de acciones realizadas con motivo de una oferta pública inicial, sujeta a requisitos sobre valor de mercado, porcentaje colocado, control y colocación entre el público inversionista.

Consulta: Oferta pública inicial 2027: propuesta de ISR de 10% para accionistas.

Fines no lucrativos: mayor verificación

Las personas morales del Título III también aparecen en esta segunda tanda. La iniciativa ordenaría al SAT implementar un programa para verificar que los ingresos sean congruentes con su objeto y que se cumplan las obligaciones fiscales aplicables.

Consulta: Personas morales con fines no lucrativos: SAT propone programa de verificación para 2027.

Ley de Economía Digital: pagos electrónicos y efectivo

Dentro de los otros cambios fiscales y regulatorios aparece una nueva Ley de Economía Digital. No elimina el efectivo en todo México, pero permitiría que Hacienda determine sectores donde los medios digitales puedan convertirse en la única forma de pago. También incorpora mecanismos como CURP Digital.

Consulta: Ley de Economía Digital 2027: pagos electrónicos y uso de efectivo.

Ley Catastral: Clave Única y plataforma nacional

La nueva legislación busca homologar y modernizar catastros y registros mediante herramientas como la Clave Única Catastral y una Plataforma Nacional Catastral. La propuesta no crea por sí sola un nuevo impuesto predial federal.

Consulta: Ley Catastral 2027: Clave Única y Plataforma Nacional para inmuebles.

Ley Federal de Derechos: ajustes por sector

La reforma contiene cambios en migración, servicios financieros, sanidad, agua, ferrocarriles, espacio aéreo y telecomunicaciones. No todos los derechos subirían de la misma manera: también existen nuevas mecánicas, homologaciones y conceptos que podrían mantenerse sin actualización.

Consulta: Ley Federal de Derechos 2027: principales cuotas y cambios propuestos.

¿Qué conviene hacer con estos cambios?

Estos otros cambios fiscales tienen un impacto muy distinto según la actividad. Una librería debe revisar un asunto diferente al de un grupo empresarial; una empresa que planea invertir puede interesarse en Plan México, mientras una entidad del Título III debe vigilar el futuro programa de verificación.

Por ahora conviene identificar qué propuestas pueden afectarte y preparar escenarios, pero esperar al texto aprobado antes de modificar operaciones únicamente con base en las iniciativas.

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados inició el análisis del Paquete Económico 2027. Cuando concluya el proceso legislativo, compararemos estas propuestas con el texto aprobado para identificar qué cambió, qué desapareció y qué comenzará realmente a aplicarse.

Segunda parte de nuestra cobertura fiscal 2027

Esta publicación complementa la primera guía del Paquete Económico 2027 y funciona como punto de entrada a estos nueve análisis adicionales.

Seguiremos actualizando la cobertura conforme avance el Congreso y, cuando existan disposiciones definitivas, prepararemos contenidos de aplicación práctica.

También puedes seguir nuestras actualizaciones fiscales en el canal de YouTube de Facturando.

Ley Federal de Derechos 2027: principales cuotas y cambios propuestos

Estado de la propuesta al 21 de septiembre de 2026: la reforma a la Ley Federal de Derechos forma parte del Paquete Económico 2027 y todavía no está aprobada ni vigente. La iniciativa propone modificar cuotas y reglas aplicables a servicios gubernamentales y al uso o aprovechamiento de determinados bienes de la Nación.

A diferencia de otros cambios fiscales de esta serie, aquí no existe una sola medida que afecte a todos los contribuyentes. Los ajustes están distribuidos entre sectores como migración, servicios financieros, sanidad, agua, ferrocarriles, navegación aérea y telecomunicaciones.

Por eso una empresa debe identificar primero si utiliza alguno de esos servicios o bienes públicos. Para algunos contribuyentes la reforma puede no tener efecto directo; para otros, determinadas cuotas podrían representar un incremento relevante en sus costos durante 2027.

Ley Federal de Derechos: ¿qué son estos pagos?

Los derechos no son lo mismo que el ISR, el IVA o el IEPS.

El Código Fiscal de la Federación los clasifica como contribuciones relacionadas, entre otros supuestos, con el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación o con servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público.

Por ejemplo, pueden existir derechos por ciertos trámites migratorios, supervisión financiera, uso de aguas nacionales, aprovechamiento del espacio aéreo o uso de determinadas frecuencias del espectro radioeléctrico.

La propuesta para 2027 busca, según su exposición legislativa, acercar diversas cuotas al costo de los servicios prestados por las dependencias y actualizar el régimen aplicable al uso de bienes nacionales.

¿Cuáles son los principales cambios propuestos para 2027?

La reforma abarca numerosos artículos, pero los cambios más relevantes pueden agruparse así:

SectorCambio destacado propuesto
MigraciónIncremento de determinadas cuotas, incluido 35% para visitante sin permiso para actividades remuneradas
CNBVAumento de 16% en determinadas cuotas de inspección y vigilancia para emisoras
AFORENueva mecánica para determinar ciertos derechos y piso temporal de pago
SanidadHomologación de cuotas de certificados fitosanitarios, zoosanitarios y de sanidad acuícola
Aguas nacionalesEliminación y ajuste de diversos derechos y facultades de fiscalización
FerrocarrilesModificaciones por uso o aprovechamiento de vías férreas
Espacio aéreoIncremento propuesto de 10% en las cuotas del artículo 289
Espectro radioeléctricoAlgunas cuotas permanecerían durante 2027 en niveles de 2026

No todos los derechos aumentan de la misma forma. En algunos casos se modifican porcentajes; en otros cambia la mecánica de cálculo, se eliminan conceptos o incluso se propone mantener temporalmente cuotas sin actualización.

Derechos migratorios: aumento para determinados visitantes

Uno de los cambios con mayor visibilidad se encuentra en los servicios migratorios.

La iniciativa propone incrementar en 35% la cuota correspondiente a la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas.

También se modificaría la distribución de los recursos obtenidos por este concepto:

  • 26% para el Instituto Nacional de Migración;
  • 50% para la Secretaría de la Defensa Nacional;
  • 24% para la Tesorería de la Federación.

La parte destinada al INM se utilizaría, entre otros fines, para infraestructura tecnológica relacionada con seguridad fronteriza y control migratorio.

Aquí conviene separar dos conceptos.

Pagar un derecho migratorio no determina por sí mismo la residencia fiscal de una persona. Una persona puede contar con determinada condición migratoria y tener una situación fiscal distinta.

Si asesoras a extranjeros que viven o trabajan en México, en nuestro artículo sobre residencia fiscal de extranjeros en México explicamos esta diferencia y los elementos que deben revisarse ante el SAT. Extranjeros en México: residencia fiscal ante el SAT

Ley Federal de Derechos: cambios para emisoras y AFORE

La reforma también alcanza al sector financiero.

Para determinados servicios de inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se propone un incremento de 16% en cuotas aplicables a personas morales emisoras de valores.

En el caso de las Administradoras de Fondos para el Retiro y entidades públicas que realizan funciones semejantes, la iniciativa modifica la forma de calcular determinados derechos.

Además, se propone una medida transitoria para 2027, 2028 y 2029: el monto total de ciertos derechos no podría ser inferior al efectivamente pagado durante el ejercicio inmediato anterior.

Esto evita analizar la reforma únicamente como un aumento porcentual. En las AFORE, el efecto dependerá de la nueva mecánica y del importe pagado previamente.

Certificados sanitarios tendrían una cuota homologada

Otro grupo de cambios afecta servicios relacionados con sanidad.

La propuesta busca homologar las cuotas correspondientes a la expedición de certificados:

  • Fitosanitarios
  • Zoosanitarios
  • de sanidad acuícola.

La justificación parte de que estos servicios utilizan recursos técnicos, humanos y tecnológicos similares, por lo que se pretende simplificar la estructura de cuotas.

Esto puede ser relevante para productores, importadores, exportadores y empresas vinculadas con productos agrícolas, ganaderos, pesqueros o acuícolas.

No significa que desaparezcan los requisitos sanitarios de cada operación. El ajuste se refiere al derecho pagado por determinados servicios y certificados.

Aguas nacionales: no todos los cambios significan aumentos

La Ley Federal de Derechos también incluye varias modificaciones relacionadas con el agua.

Entre ellas se propone eliminar ciertas cuotas vinculadas con la transmisión de títulos y permisos, en congruencia con los cambios que se están realizando al régimen jurídico aplicable a las aguas nacionales.

También se plantean ajustes en facultades de fiscalización y en la determinación de derechos relacionados con la extracción de materiales de cauces, vasos y zonas de corrientes.

Por tanto, sería incorrecto resumir esta parte de la reforma diciendo que simplemente “subirán los derechos por agua”.

Hay conceptos que desaparecen, otros que cambian y otros que continúan sujetos a su propia mecánica.

Para industrias con concesiones, aprovechamiento de aguas nacionales o extracción de materiales, será necesario revisar el artículo específico que corresponda una vez que exista un texto aprobado.

Ferrocarriles: cambios para el aprovechamiento de vías

La iniciativa también modifica los derechos vinculados con el uso, goce o aprovechamiento de bienes sujetos a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

Uno de los ajustes se dirige especialmente a participantes que han utilizado el bien público durante periodos superiores a 15 años.

Este cambio es claramente sectorial. No afecta a cualquier empresa que utilice transporte ferroviario para mover mercancías, sino a quienes se ubiquen en los supuestos de uso o aprovechamiento de los bienes públicos regulados por las disposiciones modificadas.

Esta distinción evita trasladar indebidamente una cuota del concesionario o usuario del bien público al cliente final como si fuera una obligación directa de cualquier empresa que contrata transporte ferroviario.

Espacio aéreo: cuotas aumentarían 10%

En materia aeronáutica aparece uno de los incrementos más fáciles de identificar.

La iniciativa propone aumentar en 10% las cuotas previstas en el artículo 289 de la Ley Federal de Derechos relacionadas con el uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano.

El objetivo planteado es fortalecer la viabilidad operativa y financiera del sistema de navegación aérea.

Actualmente, Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano publica cada ejercicio las cuotas actualizadas aplicables, por lo que los operadores deben trabajar con las cantidades vigentes del año correspondiente.

Si la reforma se aprueba, las empresas del sector deberán incorporar el incremento a sus proyecciones de costos para 2027.

Espectro radioeléctrico: algunas cuotas no subirían en 2027

Telecomunicaciones presenta una situación distinta.

Para determinadas bandas de frecuencias, la iniciativa propone que durante 2027 las cuotas de los artículos 244-A y 244-H no se actualicen conforme al mecanismo general de actualización.

En consecuencia, los concesionarios correspondientes pagarían durante 2027 los importes vigentes en 2026.

Es un buen ejemplo de por qué no puede afirmarse que la reforma consiste simplemente en aumentar todos los derechos federales.

En un mismo proyecto existen incrementos, nuevas mecánicas, homologaciones, eliminaciones y cuotas que permanecerían congeladas temporalmente.

¿Qué deberían revisar las empresas?

La reforma modifica decenas de artículos, pero una empresa no necesita estudiar todos si no utiliza los servicios o bienes correspondientes.

Un primer diagnóstico puede partir de estas preguntas:

  • ¿la empresa realiza trámites migratorios para personal extranjero?
  • ¿es una emisora supervisada por la CNBV?
  • ¿opera como AFORE o entidad financiera alcanzada por las nuevas reglas?
  • ¿requiere certificados fitosanitarios, zoosanitarios o de sanidad acuícola?
  • ¿utiliza aguas nacionales o bienes relacionados?
  • ¿tiene derechos o concesiones ferroviarias?
  • ¿opera aeronaves sujetas a derechos por espacio aéreo?
  • ¿utiliza espectro radioeléctrico concesionado?

Después debe identificarse el artículo aplicable y comparar la cuota 2026 contra la que finalmente sea aprobada para 2027.

Esto es especialmente importante cuando el derecho forma parte del costo recurrente de una operación. Un aumento aparentemente pequeño puede convertirse en un monto considerable cuando existen cientos o miles de trámites, certificados u operaciones durante el año.

No conviene actualizar presupuestos con todas las cifras todavía

Al 21 de septiembre de 2026, la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos continúa pendiente en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

Por ello, los porcentajes y mecánicas analizados deben utilizarse para preparar escenarios, no como cuotas definitivas de 2027.

Cuando termine el proceso legislativo será necesario revisar dos cosas:

  • Qué modificaciones fueron aprobadas
  • y las cantidades actualizadas que efectivamente deban pagarse durante 2027.

La propia Ley Federal de Derechos contiene mecanismos de actualización de cantidades, por lo que no siempre basta con aplicar manualmente un porcentaje a la cuota utilizada durante el ejercicio anterior.

Ley Federal de Derechos: un cambio sectorial, no un aumento general de impuestos

La principal conclusión de esta reforma es que su impacto depende mucho más de la actividad del contribuyente que otras modificaciones del Paquete Económico.

No se crea con ella una nueva tasa general de ISR, IVA o IEPS. Lo que cambia es el costo o la mecánica de determinados servicios públicos y del uso o aprovechamiento de bienes de la Nación.

Para empresas que no se ubiquen en estos supuestos, el efecto puede ser prácticamente nulo.

Para sectores regulados, aerolíneas, concesionarios, instituciones financieras, empresas que realizan trámites sanitarios o negocios con personal extranjero, algunos cambios sí deberían incorporarse a la planeación de 2027 una vez que exista el texto definitivo.

En Facturando seguiremos el proceso legislativo y compararemos las cuotas finalmente aprobadas contra la iniciativa para identificar los cambios que realmente entren en vigor.

Este análisis forma parte de nuestra segunda serie sobre el Paquete Económico 2027. En Paquete Económico 2027: otros cambios fiscales que debes conocer reunimos esta propuesta junto con otros ocho cambios fiscales y regulatorios que también podrían aplicarse a partir de 2027.

También publicamos explicaciones sobre impuestos, CFDI, SAT y reformas fiscales en nuestro canal de YouTube de Facturando.

Ley Catastral 2027: Clave Única y Plataforma Nacional para inmuebles

Estado de la propuesta al 21 de septiembre de 2026: el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa para expedir la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral. En este artículo la llamaremos, de forma abreviada, Ley Catastral. La propuesta todavía no está aprobada ni vigente y permanece pendiente en comisiones de la Cámara de Diputados.

La iniciativa busca modernizar y homologar la información de los catastros y de los registros públicos de la propiedad en todo el país. Entre sus principales herramientas están una Clave Única Catastral, una Cédula Única Catastral y Registral, un Plan Nacional Catastral y una Plataforma Nacional Catastral.

Para propietarios y empresas con inmuebles, el cambio puede facilitar en el futuro la identificación de predios y la congruencia entre distintos registros. Pero hay un punto que debe quedar claro desde el inicio: la propuesta no crea por sí sola un nuevo impuesto predial federal ni fija nuevas tasas de predial.

Ley Catastral: ¿qué problema busca resolver?

Hoy los catastros dependen de autoridades estatales o municipales y no necesariamente utilizan los mismos formatos, identificadores, procesos o niveles de digitalización.

La iniciativa pretende establecer bases comunes para que la Federación, las entidades federativas y los municipios puedan modernizar, homologar, actualizar e intercambiar información catastral y registral.

El objetivo declarado incluye mejorar la identificación de los inmuebles, fortalecer la seguridad patrimonial y facilitar la coordinación entre catastros y registros públicos de la propiedad.

No significa que desaparezcan los catastros municipales o estatales. La propuesta establece un marco nacional de coordinación para que esas autoridades utilicen criterios y herramientas compatibles.

¿Qué es la Clave Única Catastral?

Uno de los elementos centrales es la Clave Única Catastral.

La iniciativa establece que las autoridades catastrales deberán adoptarla e implementarla conforme a los lineamientos que se emitan. Su función sería permitir una identificación estandarizada de los inmuebles dentro de los sistemas catastrales.

Esto puede ayudar a reducir un problema frecuente: que un mismo predio se identifique de manera distinta entre catastro, registro público y otras bases gubernamentales.

México ya cuenta con antecedentes técnicos de estandarización catastral. Existen normas que contemplan una clave catastral estandarizada y una Cédula Única Catastral y Registral, pero la nueva ley buscaría convertir la homologación en parte de un marco general de alcance nacional.

Para el propietario, la consecuencia práctica no sería recibir automáticamente una nueva clave al día siguiente de que se aprobara la ley. La implementación dependerá de lineamientos y de la adaptación de los sistemas de cada autoridad catastral.

¿Qué información tendría la Cédula Única Catastral y Registral?

La propuesta también obliga a implementar una Cédula Única Catastral y Registral.

La idea es vincular información que actualmente puede encontrarse separada entre el catastro y el Registro Público de la Propiedad.

En los modelos técnicos ya existentes, una cédula de este tipo puede relacionar datos como identificación del predio, clave catastral, folio real, características del inmueble y referencias registrales.

El beneficio esperado es que las autoridades puedan identificar con mayor precisión que la información catastral y la registral corresponden al mismo inmueble.

La Plataforma Nacional Catastral conectaría a los tres órdenes de gobierno

Otro componente relevante de la Ley Catastral es la Plataforma Nacional Catastral.

La iniciativa la define como un mecanismo de coordinación tecnológica entre la Federación, los estados y los municipios para fortalecer la función catastral y actualizar la cartografía.

En términos prácticos, la plataforma buscaría facilitar el intercambio y la interoperabilidad de información.

Esto puede reducir duplicidades y diferencias entre bases de datos, pero no significa que la Federación sustituya automáticamente a los municipios en la administración cotidiana de sus catastros.

De hecho, la modernización y vinculación registral y catastral no empieza en 2027. SEDATU ya opera programas que buscan estandarizar datos, digitalizar procesos y mejorar el intercambio de información entre autoridades.

La nueva ley pretende dar un marco general y permanente a esa coordinación.

Ley Catastral: también habría un Plan Nacional Catastral

La iniciativa propone crear un Plan Nacional Catastral.

Este instrumento establecería directrices, prioridades y acciones para modernizar y coordinar la función catastral en el país.

Entre sus objetivos estaría promover:

  • Actualización de información
  • Homologación de procesos
  • Interoperabilidad
  • Modernización tecnológica
  • Mejor identificación de los inmuebles
  • Actualización de cartografía.

La relevancia del plan está en que la modernización dejaría de depender únicamente de proyectos aislados de cada estado o municipio y tendría una estrategia nacional.

¿Todos los trámites catastrales serían iguales?

No necesariamente, pero la iniciativa sí pretende acercarse a una mayor homologación.

Las autoridades catastrales tendrían que adoptar un Modelo para la Homologación de Trámites y Servicios Catastrales.

Eso podría hacer más parecidos ciertos procedimientos, requisitos y servicios entre diferentes entidades del país.

Sin embargo, no debe interpretarse como que todos los municipios tendrán automáticamente los mismos costos, plazos, valores catastrales o reglas fiscales.

La competencia y regulación local seguirán siendo importantes. La homologación propuesta se concentra principalmente en procesos, datos, tecnología y coordinación.

Ley Catastral: ¿la nueva ley aumentará el predial?

No de manera automática.

La iniciativa no establece una nueva tasa de predial, no crea un impuesto predial federal y no fija cuánto debe pagar un propietario por su inmueble.

La Constitución mantiene dentro de la hacienda municipal las contribuciones relacionadas con la propiedad inmobiliaria, conforme a las leyes correspondientes.

La nueva infraestructura catastral sí puede producir un efecto indirecto: catastros más actualizados y mejor vinculados pueden facilitar que las autoridades locales conozcan con mayor precisión las características de los inmuebles.

De hecho, los programas oficiales de ordenamiento territorial consideran que actualizar e interoperar catastros puede fortalecer la administración de la propiedad y la recaudación predial. Eso no equivale, sin embargo, a crear automáticamente un nuevo impuesto o elevar las tasas.

Para modificar bases, valores, tasas o tarifas deberán aplicarse las disposiciones y procedimientos fiscales que correspondan en cada entidad y municipio.

La Clave Única no debe confundirse con la cuenta predial actual

Otro punto importante de la Ley Catastral es distinguir la Clave Única Catastral propuesta de los identificadores que hoy utilizan las autoridades locales.

Actualmente, un inmueble puede tener número de cuenta predial, clave catastral local, folio real y otros identificadores.

En los CFDI relacionados con arrendamiento, por ejemplo, la cuenta predial ya tiene relevancia fiscal. En nuestro artículo sobre el dato predial en la factura de arrendamiento explicamos por qué conviene comprobar que ese identificador corresponda correctamente al inmueble.

La nueva Clave Única Catastral busca estandarizar la identificación catastral a nivel nacional, pero la iniciativa no permite concluir que sustituirá inmediatamente todos los números de cuenta predial locales ni que el SAT cambiará automáticamente los campos del CFDI.

Si posteriormente existen ajustes fiscales o técnicos, deberán publicarse en las disposiciones correspondientes.

¿Qué deberían revisar propietarios y empresas?

La Ley Catastral se dirige principalmente a las autoridades responsables de catastros y registros. No crea, por sí sola, un trámite inmediato para que cada propietario acuda a sustituir sus documentos actuales.

Por ello, no hay razón para modificar escrituras, contratos o registros únicamente por esta iniciativa.

Sí puede ser útil verificar que la información básica de cada inmueble sea consistente:

  • Propietario registrado
  • Domicilio y ubicación
  • Superficie de terreno y construcción
  • Clave catastral o cuenta predial actual
  • Folio real del Registro Público de la Propiedad
  • Uso del inmueble
  • Escrituras y modificaciones
  • Subdivisiones, fusiones o condominios
  • Diferencias entre información registral y catastral.

Cuando una empresa posee varios inmuebles, un inventario actualizado puede ayudar a detectar diferencias antes de que los sistemas públicos tengan una mayor interoperabilidad.

El objetivo no es adelantarse a una obligación inexistente, sino conocer si la documentación patrimonial coincide entre las distintas fuentes.

Ley Catastral: mayor interoperabilidad también significa mayor consistencia

Uno de los efectos más importantes de la iniciativa puede ser la posibilidad de cruzar información que actualmente se encuentra dispersa.

Si catastro, Registro Público de la Propiedad y otras autoridades utilizan identificadores compatibles, será más fácil detectar diferencias de ubicación, superficie, titularidad o características de un inmueble.

Eso puede mejorar la seguridad jurídica y simplificar trámites, pero también hace más importante que propietarios y empresas mantengan actualizada su información.

No toda diferencia implica una irregularidad. Pueden existir registros antiguos, cambios pendientes de inscripción, errores administrativos o diferencias entre la descripción registral y la realidad física del predio.

Precisamente por eso conviene identificar esas diferencias antes de necesitar una compraventa, financiamiento, sucesión, arrendamiento o trámite ante una autoridad.

Ley Catastral: todavía falta conocer cómo se implementará

Al 21 de septiembre de 2026, la iniciativa que expide la Ley Catastral continúa pendiente en comisiones de la Cámara de Diputados.

El Sistema de Información Legislativa confirma que fue presentada el 9 de septiembre y que todavía no existe un texto aprobado.

Además, parte importante de su funcionamiento dependerá de lineamientos, modelos, planes y mecanismos tecnológicos posteriores.

Por ello, todavía no es posible afirmar cuándo recibirá cada inmueble una Clave Única Catastral, cómo se migrarán las claves existentes o qué cambios concretos tendrá que realizar cada propietario.

Lo que sí puede anticiparse es la dirección de la propuesta: catastros y registros más homologados, digitalizados, actualizados e interoperables.

En Facturando seguiremos el proceso legislativo. Si la ley es aprobada, revisaremos el texto definitivo y las reglas de implementación para explicar qué cambia realmente para propietarios, empresas y profesionales que trabajan con inmuebles.

Este análisis forma parte de nuestra segunda serie sobre el Paquete Económico 2027. En Paquete Económico 2027: otros cambios fiscales que debes conocer reunimos esta propuesta junto con otros ocho cambios fiscales y regulatorios que también podrían aplicarse a partir de 2027.

También publicamos explicaciones sobre CFDI, impuestos, SAT y cambios normativos en nuestro canal de YouTube.

Ley de Economía Digital 2027: pagos electrónicos y uso de efectivo

Estado de la propuesta al 21 de septiembre de 2026: la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos forma parte de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo junto con el Paquete Económico 2027. La propuesta todavía no está aprobada ni vigente y actualmente permanece en comisiones de la Cámara de Diputados.

La Ley de Economía Digital no elimina de manera general el uso de efectivo en México. Su objetivo principal es impulsar los pagos electrónicos y digitales, facilitar la contratación remota de servicios financieros y crear una base legal para que, en determinados sectores, Hacienda pueda establecer que el pago digital sea la única forma admitida.

Para comercios y prestadores de servicios, la diferencia es importante: la iniciativa no impone desde el primer día una obligación general a todos los negocios de aceptar pagos digitales. Sin embargo, sí abre la posibilidad de que determinados sectores queden sujetos a reglas específicas y a una transición gradual desde el efectivo.

Ley de Economía Digital: ¿qué propone para los negocios?

La iniciativa distingue entre autoridades y proveedores privados de bienes o servicios.

Las autoridades federales, estatales y municipales tendrían que realizar las acciones necesarias para aceptar medios de pago digitales y electrónicos en trámites y servicios.

Para los proveedores privados, la regla general es distinta. La iniciativa permite implementar estos medios y establece las condiciones que deberán observarse cuando se utilicen: contar con infraestructura para recibirlos, informar al usuario cuáles están disponibles, atender contingencias y promover su uso.

El cambio más importante aparece en otro punto.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podría determinar sectores estratégicos y actividades relevantes en los que la aceptación de medios digitales y electrónicos pueda convertirse en la única forma de pago.

Por tanto, no todos los comercios quedarían automáticamente sin posibilidad de recibir efectivo. Primero tendría que existir una determinación de Hacienda y posteriormente reglas específicas para el sector correspondiente.

¿Qué medios de pago quedarían comprendidos?

La propuesta utiliza una definición amplia de medios de pago digitales y electrónicos.

Entre ellos se encuentran tarjetas de crédito y débito, transferencias de fondos, cargos domiciliados, códigos QR, dispositivos con tecnología NFC y otras interfaces o mecanismos reconocidos por las autoridades competentes.

Esto significa que la Ley de Economía Digital no se concentra únicamente en las terminales bancarias tradicionales.

Para una empresa, el cumplimiento podría implicar revisar terminales punto de venta, transferencias, códigos QR, conciliación bancaria, conectividad y mecanismos alternos para mantener el cobro cuando exista una falla temporal.

¿Hacienda podrá eliminar el efectivo en algunos sectores?

La iniciativa sí contiene esa posibilidad, pero de forma sectorial, no general.

El artículo 13 propuesto facultaría a Hacienda para determinar los sectores estratégicos y actividades relevantes en los que los medios de pago digitales y electrónicos podrían establecerse como la única forma de pago.

La iniciativa no enumera cuáles serían esos sectores ni fija en la propia ley criterios detallados para seleccionarlos.

Una vez publicada la determinación, las autoridades competentes de cada sector tendrían que emitir disposiciones generales con las condiciones, requisitos, obligaciones, reglas de operación y mecanismos para una transición gradual.

Esto significa que conocer la ley no será suficiente. Para saber si un negocio concreto queda obligado, habrá que revisar también la determinación de Hacienda y las reglas emitidas para su actividad.

La transición propuesta sería rápida

Si la Ley de Economía Digital se aprobara en sus términos actuales, entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

A partir de esa entrada en vigor, Hacienda tendría 15 días hábiles para determinar los primeros sectores estratégicos y actividades relevantes.

Después, las autoridades competentes tendrían otros 15 días hábiles para emitir las reglas generales aplicables.

Los plazos son importantes porque una empresa ubicada en uno de esos sectores podría disponer de poco tiempo entre la publicación de la ley y el conocimiento de las reglas específicas.

Sin embargo, las propias disposiciones sectoriales podrían establecer mecanismos y plazos para una transición gradual del efectivo hacia los pagos digitales.

¿Qué pasa si falla internet o la terminal?

La iniciativa contempla expresamente las contingencias.

Cuando un evento extraordinario, imprevisto o inevitable impida temporalmente recibir medios digitales y electrónicos, se permitiría aceptar efectivo o cheque.

Esto evita que una falla real de infraestructura paralice completamente una operación.

La excepción no estaría diseñada para utilizarse de manera permanente o recurrente. Por ello, un negocio sujeto a una regla de pago exclusivamente digital tendría que prever mecanismos para atender y subsanar problemas de conectividad, terminales o infraestructura.

Desde el punto de vista operativo, esto puede ser tan importante como contar con el medio de pago principal.

La CURP Digital también forma parte de la propuesta

La Ley de Economía Digital no regula únicamente la forma de pagar.

Otra parte de la iniciativa busca facilitar la contratación digital de productos y servicios financieros. Para ello reconoce la CURP Digital como un mecanismo de confianza para verificar identidad.

La persona usuaria podría elegir utilizar la CURP Digital u otra identificación oficial habilitada para contratar servicios financieros por medios digitales.

También se incorpora el Expediente Digital Ciudadano, que permitiría consultar o utilizar documentos e información que una persona ya haya proporcionado al gobierno, bajo las reglas aplicables y con la participación de las autoridades competentes.

Para bancos, fintech, SOFOM y otros otorgantes de crédito, estos mecanismos podrían modificar procesos de alta de clientes y contratación remota. Su operación concreta dependerá de las disposiciones que posteriormente emitan las autoridades financieras.

Si quieres conocer otro mecanismo de identidad y acceso digital utilizado actualmente para trámites públicos, en nuestro artículo sobre cómo crear una cuenta Llave MX explicamos su funcionamiento y los datos que conviene revisar antes del registro.

¿Qué cambia para las empresas que venden por internet?

Conviene separar dos temas que pueden parecer similares.

La Ley de Economía Digital trata principalmente sobre medios de pago, identidad digital, infraestructura y acceso a servicios financieros. No sustituye las reglas fiscales que ya existen para quienes venden mediante plataformas tecnológicas.

En nuestro análisis sobre plataformas digitales 2027 explicamos las retenciones de ISR e IVA que propone mantener la Ley de Ingresos para determinadas operaciones realizadas mediante intermediarios digitales.

Una empresa podría quedar sujeta a ambos marcos, pero por razones diferentes: una regulación determina cómo puede cobrar y otra establece determinadas consecuencias fiscales de la operación.

Más pagos digitales también significan mayor trazabilidad

La iniciativa no crea directamente un nuevo impuesto ni modifica por sí misma las tasas de ISR o IVA.

Sin embargo, desde una perspectiva práctica, un mayor uso de pagos electrónicos puede facilitar la conciliación entre ventas, depósitos bancarios, CFDI y registros contables.

Para una empresa formal esto puede ayudar a automatizar conciliaciones y reducir el manejo de efectivo, pero también hace más importante que la información sea consistente.

Un cobro digital no sustituye la obligación de emitir el CFDI que corresponda ni determina por sí mismo el tratamiento fiscal de una operación. El medio de pago y la obligación tributaria son asuntos relacionados, pero distintos.

¿Qué deberían revisar los negocios desde ahora?

Todavía no sabemos qué sectores podría seleccionar Hacienda, por lo que no tiene sentido sustituir el efectivo de manera general únicamente por la iniciativa.

Sí puede ser útil conocer la situación actual del negocio:

  • qué porcentaje de las ventas se cobra en efectivo;
  • qué medios digitales se aceptan actualmente;
  • cuántos puntos de venta no tienen infraestructura digital;
  • qué tan estable es la conectividad;
  • cómo se concilian las terminales y transferencias con la contabilidad;
  • qué procedimientos existen cuando falla un medio de cobro;
  • cuánto cuesta aceptar cada método de pago;
  • y qué cambios serían necesarios si la actividad queda dentro de un sector designado.

Este diagnóstico permite medir el esfuerzo operativo antes de que existan reglas obligatorias.

Ley de Economía Digital: todavía faltan las reglas más importantes

La iniciativa funciona en buena medida como una ley marco.

No identifica desde ahora los sectores donde el efectivo podría dejar de aceptarse, no establece en su texto un régimen general de sanciones para los comercios y deja parte importante de la operación a disposiciones posteriores.

Por ello, el verdadero impacto para cada negocio dependerá de tres elementos:

  • El texto que finalmente apruebe el Congreso
  • La determinación de sectores que emita Hacienda
  • y las reglas particulares de cada autoridad competente.

Al 21 de septiembre de 2026, la iniciativa permanece pendiente en comisiones de la Cámara de Diputados. La Comisión de Hacienda ya inició su análisis dentro de los trabajos relacionados con el Paquete Económico 2027.

Por ahora, la mejor preparación no consiste en asumir que desaparecerá el efectivo, sino en conocer la capacidad actual de la empresa para recibir y conciliar pagos digitales.

En Facturando seguiremos el proceso legislativo. Si la Ley de Economía Digital es aprobada, revisaremos los sectores seleccionados y las reglas de transición para explicar qué negocios deberán hacer cambios y en qué fechas.

Este análisis forma parte de nuestra segunda serie sobre el Paquete Económico 2027. En Paquete Económico 2027: otros cambios fiscales que debes conocer reunimos esta propuesta junto con otros ocho cambios fiscales y regulatorios que también podrían aplicarse a partir de 2027.

También publicamos explicaciones sobre CFDI, SAT, impuestos y cambios fiscales en nuestro canal de YouTube.

Personas morales con fines no lucrativos: SAT propone programa de verificación para 2027

Estado de la propuesta al 21 de septiembre de 2026: el Paquete Económico 2027 propone que el SAT implemente un programa específico de verificación y comprobación para las personas morales con fines no lucrativos que tributan conforme al Título III de la Ley del ISR. La medida todavía no está aprobada ni vigente y sus criterios tendrían que definirse mediante reglas de carácter general.

El cambio no crea por sí mismo un nuevo impuesto. Su objetivo es aumentar la revisión sobre entidades que, aunque no sean contribuyentes del ISR por las actividades propias de su objeto, sí mantienen obligaciones fiscales y pueden llegar a pagar impuesto en determinados supuestos.

Para asociaciones, cámaras, colegios, sindicatos, donatarias y otras entidades de fines no lucrativos, el punto central será poder demostrar que los ingresos recibidos son congruentes con su objeto y que la contabilidad, los CFDI, las declaraciones y la documentación cuentan la misma historia.

Fines no lucrativos: ¿qué propone exactamente el Paquete Económico 2027?

La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para 2027 incluye un artículo trigésimo transitorio que ordenaría al SAT implementar un programa de verificación y comprobación dirigido a los contribuyentes del Título III de la Ley del ISR.

De acuerdo con la exposición de motivos, el propósito es verificar que los ingresos que reciben estas entidades sean acordes con su objeto y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales que les resultan aplicables.

La propuesta no define todavía cómo se seleccionarán las organizaciones, qué información solicitará el SAT, cuándo comenzarían las revisiones ni qué ejercicios serían considerados. Esos criterios tendrían que establecerse posteriormente mediante reglas de carácter general.

Por ello, hoy no puede afirmarse que existirá una visita domiciliaria generalizada ni que todas las organizaciones serán revisadas bajo el mismo procedimiento. Lo que sí existe es una propuesta expresa para crear un programa de fiscalización dirigido a este sector.

No se trata únicamente de donatarias autorizadas

Uno de los errores más fáciles de cometer es asociar las personas morales con fines no lucrativos únicamente con donatarias.

El artículo 79 de la Ley del ISR incluye un universo mucho más amplio. Entre otros sujetos se encuentran sindicatos, asociaciones patronales, cámaras de comercio e industria, colegios de profesionales, sociedades cooperativas de consumo, asociaciones religiosas, asociaciones civiles de colonos, asociaciones deportivas y diversas instituciones de asistencia o beneficencia. Consulta el artículo 79 de la Ley del ISR en el portal del SAT

También existen organizaciones que, para permanecer dentro de determinadas fracciones del Título III, requieren autorización para recibir donativos deducibles.

Por tanto, el programa propuesto no debe interpretarse como una nueva revisión exclusiva para donatarias. El texto se refiere a los contribuyentes del Título III, aunque las reglas que emita el SAT serán determinantes para conocer su alcance operativo.

Estar en el Título III no significa no tener obligaciones fiscales

El SAT señala actualmente que las personas morales con fines no lucrativos pueden tener obligaciones como inscribirse en el RFC, expedir CFDI, llevar contabilidad y presentar la declaración anual de ingresos y erogaciones, además de cumplir las obligaciones específicas que correspondan a cada tipo de entidad. Consulta la orientación del SAT para personas morales con fines no lucrativos

Tampoco significa que nunca puedan causar ISR.

Por ejemplo, conforme a las reglas vigentes, determinadas personas morales del Título III deben calcular el impuesto cuando enajenan bienes distintos de su activo fijo o prestan servicios a personas distintas de sus miembros y los ingresos de esas operaciones exceden de 5% de sus ingresos totales del ejercicio.

También existen supuestos de remanente distribuible que pueden generar un impuesto definitivo a cargo de la organización. El propio artículo 79 contempla situaciones como omisiones de ingresos, compras inexistentes registradas, ciertas erogaciones no deducibles y determinados préstamos a integrantes.

Estas reglas ya existen. El programa de 2027 no las crea; lo que propone es reforzar la verificación de su cumplimiento.

¿Qué significa que los ingresos sean acordes con el objeto?

Este puede convertirse en uno de los puntos más importantes del programa.

Supongamos una asociación cuyo objeto consiste en prestar determinado servicio a sus integrantes, pero durante el ejercicio recibe cantidades relevantes por actividades distintas, ventas de bienes o servicios prestados a terceros.

Eso no significa automáticamente que exista una irregularidad. El tratamiento depende del tipo de organización, su objeto, el origen de los ingresos y las reglas fiscales aplicables.

Sin embargo, una diferencia importante entre lo que la organización declara hacer y lo que muestran sus CFDI, cuentas bancarias, contratos y registros contables puede exigir una explicación y documentación adicional.

Por eso el control no debería limitarse a revisar el acta constitutiva. Es necesario poder relacionar el objeto con las actividades efectivamente realizadas y con cada fuente relevante de ingresos.

¿Qué documentos conviene revisar antes de 2027?

La propuesta todavía puede cambiar, pero una revisión preventiva puede realizarse con información que la organización ya debería conservar.

Entre los puntos que conviene conciliar están:

  • Acta constitutiva y modificaciones al objeto social
  • Constancia de situación fiscal y obligaciones registradas
  • CFDI emitidos y recibidos
  • Estados de cuenta bancarios
  • Contabilidad y balanzas
  • Contratos, convenios y documentación de cuotas
  • Ingresos provenientes de personas que no sean miembros
  • Enajenaciones de bienes distintos del activo fijo
  • Declaraciones e informativas presentadas
  • Cálculo y documentación del remanente distribuible, cuando corresponda
  • Autorizaciones y obligaciones de transparencia, tratándose de donatarias.

La finalidad no es crear nuevos papeles de trabajo únicamente por la iniciativa. Es comprobar que la información que ya existe sea congruente y permita explicar cada operación relevante.

Los CFDI pueden convertirse en una pieza clave de la revisión

Si el objetivo será contrastar los ingresos con la actividad de la organización, los comprobantes fiscales serán una fuente natural de información.

Un buen ejercicio preventivo consiste en comparar los XML emitidos y recibidos contra la contabilidad y los movimientos bancarios. Esto ayuda a detectar comprobantes faltantes, cancelaciones, ingresos clasificados incorrectamente o diferencias que conviene aclarar antes de cualquier revisión.

En nuestro artículo sobre la declaración de transparencia de donatarias explicamos por qué la congruencia entre CFDI, registros contables, estados de cuenta y documentación interna es importante para respaldar el uso de los recursos.

Cuando sea necesario reconstruir grandes volúmenes de comprobantes, Descargar CFDI permite obtener de forma masiva los XML emitidos y recibidos directamente del SAT y utilizarlos como base para conciliaciones y revisiones documentales.

¿El programa implica que las organizaciones perderán su régimen?

No de manera automática.

La iniciativa propone un programa de verificación, no una cancelación general del Título III ni una reclasificación automática al régimen general de personas morales.

Las consecuencias dependerán de lo que la autoridad encuentre en cada caso y de las disposiciones aplicables a esa organización. Una inconsistencia documental tampoco equivale por sí sola a perder el tratamiento fiscal.

En el caso particular de donatarias autorizadas sí existen reglas específicas sobre autorización, transparencia, destino de recursos y causales que pueden afectar su permanencia, pero no deben generalizarse a todas las personas morales con fines no lucrativos.

Fines no lucrativos: ¿qué todavía no sabemos?

A la fecha de este análisis todavía faltan elementos importantes.

La iniciativa no establece el calendario del programa, el método de selección de contribuyentes, la documentación que se solicitará, los periodos a revisar ni si existirán procedimientos simplificados para determinados tipos de organizaciones.

Tampoco debe confundirse el anuncio del programa con una facultad nueva de comprobación. El SAT ya cuenta con facultades de fiscalización conforme al Código Fiscal de la Federación. La propuesta crea un enfoque específico hacia los sujetos del Título III.

Las reglas posteriores serán fundamentales para saber cómo funcionará en la práctica.

Prepararse no significa asumir que ya existe una revisión

Al 21 de septiembre de 2026, el Paquete Económico continúa en análisis legislativo. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados inició formalmente los trabajos sobre las iniciativas en materia de ingresos, por lo que el programa para entidades de fines no lucrativos todavía es una propuesta.

Por ello no recomendamos modificar operaciones de 2026 únicamente por este anuncio.

Sí es un buen momento para revisar si los ingresos coinciden con las actividades que la organización declara realizar, si los CFDI están completos y si las declaraciones, contabilidad y documentación interna son consistentes.

En caso de aprobarse el programa, esa revisión previa permitirá responder con mayor rapidez y seguridad ante solicitudes de información o comprobaciones de la autoridad.

Seguiremos el proceso legislativo y, cuando se publiquen las reglas que definan el programa, revisaremos su alcance, calendario y documentación requerida.

Este análisis forma parte de nuestra segunda serie sobre el Paquete Económico 2027. En Paquete Económico 2027: otros cambios fiscales que debes conocer reunimos esta propuesta junto con otros ocho cambios fiscales y regulatorios que también podrían aplicarse a partir de 2027.

También publicamos explicaciones sobre ISR, CFDI, SAT y cumplimiento fiscal en nuestro canal de YouTube.